La ofensiva había sido ejecutada en zonas boscosas de los distritos de Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, consideradas desde hace años enclaves estratégicos para organizaciones dedicadas al cultivo y procesamiento de cannabis. Allí, entre senderos clandestinos y bases improvisadas en plena vegetación, agentes especiales de la Senad encontraron verdaderos complejos narcos montados en medio del monte, según informaron desde la institución.
Durante los diez días de despliegue fueron desarticulados 204 campamentos utilizados como centros logísticos para el cultivo, procesamiento y almacenamiento de marihuana. Las bases clandestinas servían como puntos de acopio de grandes cantidades de droga destinadas posteriormente al tráfico fronterizo hacia el Brasil. En varios sectores, los intervinientes hallaron cargamentos ya preparados para distribución, además de extensas plantaciones ocultas entre la vegetación, confirmaron los intervinientes.
Durante los diez días de operativo, se logró la erradicación de 215 hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana. La magnitud de la superficie destruida impactó incluso a los propios intervinientes, ya que las áreas anuladas equivalían a más de 300 canchas de fútbol reglamentarias completamente cubiertas por plantaciones ilegales.
También fueron destruidos 164.450 kilos de marihuana picada y prensada, que se encontraban listos para ser enviados al circuito del narcotráfico regional. En el marco de estos operativos, los agentes procedieron a la eliminación de las cargas en los propios campamentos clandestinos hallados en las zonas boscosas. En este sentido, el balance final reveló la dimensión del operativo; según las estimaciones oficiales, la Operación Nueva Alianza 55 permitió sacar de circulación más de 809 toneladas de marihuana, provocando un perjuicio económico cercano a los 121 millones de dólares para las organizaciones criminales que operan en la frontera.
Este operativo estuvo encabezado por agentes de la Senad, acompañados por efectivos de la Policía Federal del Brasil y contó además con el respaldo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), del Ministerio Público y de unidades aéreas de la Fuerza Aérea Paraguaya.