Un grave caso de violencia escolar fue denunciado por María Rosalba Martínez, madre de un joven de 16 años con una discapacidad cognitiva del 79%, quien fue agredido físicamente por un compañero en una institución educativa de Ñemby.
La mujer relató que su hijo, quien posee la madurez mental de un niño de entre 7 y 10 años, venía sufriendo bullying sistemático desde el inicio del año lectivo.
Las agresiones, que comenzaron con burlas por su forma de caminar y términos peyorativos sobre su orientación sexual, escalaron hasta una golpiza que fue grabada por otros estudiantes.
Omisión de protocolos y minimización del ataque
El incidente físico ocurrió el pasado martes y, según la denuncia, la directora de la institución, identificada como María Di Masiel, intentó minimizar el hecho. Martínez afirmó que al acudir a la escuela fue informada de que se trató de un simple “juego con una botellita y papas fritas”, ocultando la gravedad de las lesiones.
La información fue confirmada por el programa La Pelu de La Tribu 650 AM. Al llegar a su domicilio, la madre constató que el menor tenía la nariz desviada y la boca rota, lo que motivó la realización de un diagnóstico médico y la posterior denuncia ante la fiscalía el 5 de mayo.
Respuesta institucional y pedido de retiro del menor
Lejos de activar el protocolo de protección del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la dirección del colegio habría sugerido a la madre que busque otra institución para su hijo.
Según el relato de la afectada, la directora le manifestó textualmente que “ese colegio no era el lugar para él”, responsabilizando indirectamente a la víctima por su condición. Martínez lamentó que la institución no haya tomado medidas contra el agresor y que, por el contrario, se pretenda excluir al estudiante agredido, quien ahora se niega a retornar a clases debido al trauma psicológico.
Desafíos de la inclusión y necesidad de apoyo especializado
El estudiante afectado requiere de un acompañamiento constante debido a su diagnóstico de ciencias atmosféricas (ajuste curricular) y el apoyo de una maestra sombra, costo que la familia debe absorber de forma particular.
La madre subrayó que el joven ya se encontraba bajo tratamiento con psicólogos, psiquiatras y neurólogos, y que este episodio de violencia representa un retroceso significativo en su desarrollo.
“En 16 años de lucha es la primera vez que pasamos por esto; el colegio no hizo nada para asegurar su integridad”, expresó Martínez durante la entrevista.
Exigencia de intervención al Ministerio de Educación
Ante la difusión masiva de un video anónimo donde se observa la agresión ante la risa y complicidad de otros alumnos, la familia exige la intervención inmediata de las autoridades educativas.
Martínez enfatizó que el problema no es solo la condición de su hijo, sino la falta de empatía y el ambiente de violencia que pone en riesgo a todo el alumnado.
La madre espera que el MEC tome medidas administrativas contra la directora y garantice un entorno seguro para los estudiantes con discapacidad, evitando que la solución sea siempre el desplazamiento de la víctima mientras los agresores permanecen en el sistema.