El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, únicamente por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, resolviendo la exclusión de la figura de asociación criminal al considerar que no se reúnen los elementos requeridos dentro del ordenamiento jurídico para juzgarlo por dicho tipo penal.
La decisión fue adoptada al término de la audiencia preliminar, oportunidad en la que el magistrado fundamentó los alcances del control judicial sobre la acusación presentada por el Ministerio Público.
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Debate de teorías en el juzgado
Durante la fundamentación de su resolución, el juez Estigarribia sostuvo que tanto la Fiscalía como la defensa técnica expusieron argumentos sustentables sobre los hechos acusados, motivo por el cual la culpabilidad o inocencia del jefe municipal deberá dirimirse mediante el debate abierto en un tribunal de sentencia.
“Yo veo que hay una teoría por parte del Ministerio Público que es sólida y también una teoría sólida por parte de la defensa en cuanto a los hechos y en cuanto a los elementos. Esto tiene que discutirse en un juicio oral y público”, manifestó el magistrado al argumentar la apertura del juzgamiento.
Límites de la etapa intermedia
El magistrado explicó a las partes involucradas que durante la etapa intermedia la labor del Juzgado de Garantías se limita a realizar un control formal y de admisibilidad del requerimiento fiscal, sin la facultad de valorar de fondo las pruebas, documentos o testimonios ofrecidos.
Estigarribia puntualizó que el examen de veracidad y la confrontación de los elementos probatorios bajo el principio de contradicción requieren de la sustanciación de la etapa pública del proceso penal, donde los jueces de sentencia evaluarán la responsabilidad del intendente capitalino.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público representado por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González sostienen la hipótesis de que el exjefe municipal habría encabezado una estructura que direccionó licitaciones públicas y autorizó compras con sobreprecios durante la emergencia sanitaria del ejercicio 2020 generando un daño patrimonial de más de 1800 millones de guaraníes.