Los abogados defensores del imputado en la causa, quien es hijo de conocidos polícos de Fernando de la Mora, interpusieron un recurso de apelación general contra el fallo que elevó a juicio oral el proceso por abuso sexual en niños en esa misma ciudad.
La medida procesal impugna la decisión emitida por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 al cuestionar la validez del requerimiento acusatorio y el rechazo de elementos probatorios ofrecidos por la representación legal del procesado de 37 años.
La presentación judicial interpuesta ante la magistratura busca revocar el rechazo de la nulidad de la acusación fiscal planteado durante la audiencia preliminar. La defensa argumenta la falta de precisión en la descripción temporal de los hechos y la supuesta admisión irregular de informes psicológicos del Ministerio Público.
El juzgado ratificó la validez del auto de apertura a juicio al considerar que las actuaciones cumplen los requisitos del Código Procesal Penal.
Impugnación probatoria y reclamos sobre la Cámara Gesell
El escrito de la defensa exige la admisión de informes sobre conversaciones digitales y la realización de una auditoría técnica al protocolo utilizado durante la entrevista en Cámara Gesell. El juzgado desestimó dichos planteamientos al resolver que la metodología empleada debe ser examinada durante el debate en el juicio oral.
Las autoridades judiciales determinaron que los informes del Centro de Atención a Víctimas constituyen elementos documentales válidos para la investigación. La resolución confirmó que la profesional interviniente prestará declaración en calidad de testigo experto durante el juzgamiento.
La magistratura remitió las actuaciones para que el Tribunal de Apelación resuelva la admisibilidad de la impugnación.
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Advertencia por dilaciones procesales y protección a la niñez
La parte acusadora advirtió que la presentación recurrente de recursos procesales contribuye a postergar la resolución de la causa iniciada en noviembre de 2023. La representación legal enfatizó que el caso arrastra un sobreseimiento provisional en 2025 y múltiples reprogramaciones de audiencias preliminares.
Los querellantes señalaron que la legislación de protección a la niñez y los tratados internacionales ratificados por Paraguay exigen la tramitación prioritaria de los procesos penal para evitar la revictimización. El tribunal deberá correr traslado de la apelación a la Unidad Penal N.º 4 para la contestación del recurso presentado por la defensa del imputado.