El Juzgado Penal de Garantías N.º 2 dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa penal por abuso sexual en niños tramitada en la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay.
La decisión judicial confirmó la acusación presentada por el Ministerio Público contra el procesado por presuntos actos de vulneración cometidos contra su hijo biológico durante el régimen de visitas, según resolvió la magistratura respecto al imputado de 37 años, quien a su vez es hijo de conocidos dirigentes liberales de Fernando de la Mora..
La representación de la Unidad Penal N.º 4 ratificó el requerimiento acusatorio fundamentado en los peritajes de la Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas e informes socioambientales. Las diligencias procesales señalan que los hechos investigados ocurrieron entre los años 2016 y 2023 en el domicilio paterno.
El Juzgado Penal de Garantías N.º 2 desestimó los incidentes de nulidad planteados por la defensa técnica al confirmar que la acusación cumple con los requisitos formales del Código Procesal Penal.
Admisión de pruebas e inclusión de informes especializados
El tribunal de la causa admitió la totalidad de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la fiscalía y la querella adhesiva para la etapa del debate oral.
Las autoridades judiciales desestimaron la inclusión de pericias informáticas sobre mensajería digital al considerar que violaban las garantías del debido proceso y la privacidad de las víctimas.
Los magistrados confirmaron la incorporación de las declaraciones de profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y agentes intervinientes para evaluar la veracidad de los relatos.
El juzgado remitió la totalidad de los antecedentes a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales del departamento Central.
La resolución judicial ratificó el rechazo de las oposiciones probatorias de la defensa al validar los informes del Centro de Atención a Víctimas.
Ratificación de medidas cautelares y fianza millonaria
La magistratura ordenó la continuidad del arresto domiciliario del procesado en la vivienda fijada dentro del distrito de Fernando de la Mora. El fallo mantiene vigente la prohibición estricta de acercamiento o comunicación con la víctima y su entorno materno por cualquier medio o plataforma digital.
El juzgado trabó un embargo preventivo por 800 millones de guaraníes sobre un inmueble propiedad del encausado para garantizar su sometimiento a la justicia penal. La resolución incluyó una fianza real complementaria sobre una segunda propiedad situada en la misma jurisdicción.
El tribunal apercibió al imputado con la revocación inmediata de los beneficios en caso de verificar el incumplimiento de las restricciones dispuestas para el juzgamiento del procesado en la causa.