La Contraloría General de la República presentó un informe de examen de correspondencia que revela presuntas irregularidades patrimoniales del señor Eddie Jara, ex titular de Petropar. Según los datos preliminares de la auditoría, el ex funcionario no ha logrado justificar un monto superior a los 1.500 millones de guaraníes en sus gastos y bienes declarados desde el inicio de su gestión hasta noviembre del año pasado. Este documento oficial, que consta de 170 páginas, fue remitido formalmente al Ministerio Público para determinar la existencia de posibles hechos punibles relacionados con el enriquecimiento ilícito. Esta información fue revelada en exclusiva en la víspera durante el programa Todo Pasa Weekend a través de La Tribu 650 AM.
Hallazgos técnicos y derivación a la justicia ordinaria
El extenso informe de la Contraloría detalla que los ingresos percibidos por el ex presidente de la petrolera estatal no guardan relación con el nivel de gastos y la adquisición de activos registrados durante el ejercicio 2025. Entre las observaciones principales figuran inconsistencias en el pago de préstamos, manejo de viáticos y otros egresos que no poseen una trazabilidad financiera clara. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) deberá intervenir ahora para rectificar o confirmar estas irregularidades, mientras que la fiscalía analizará si el patrimonio acumulado constituye una violación a las leyes de transparencia pública. La gravedad de los hallazgos habría precipitado la renuncia de Eddie Jara a la titularidad de la institución semanas atrás.
Situación patrimonial separada de la diputada Johana Vega
A pesar del vínculo sentimental, el examen de correspondencia de bienes de la diputada Johana Vega se tramita de forma independiente debido a que ambos no poseen una unión legal bajo el régimen de bienes mancomunados.
La Contraloría confirmó que el proceso de auditoría sobre la legisladora de la ANR continúa en fase de análisis y todavía no ha concluido, a diferencia del caso de Eddie Jara cuya denuncia penal ya fue formalizada. La falta de trazabilidad económica de los 1.500 millones de guaraníes sitúa al ex titular de Petropar en un escenario judicial complejo, donde deberá demostrar el origen lícito de sus fondos ante los agentes fiscales designados para la causa en este 2026.