El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de una causa penal para la investigación de hechos emergentes en el marco de la causa penal caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros” sobre lavado de dinero que había sido comunicado por los fiscales de la mencionada causa Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez en virtud a la presentación realizada por Claudio Lovera, abogado representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Para la mencionada investigación fueron designados los fiscales Christian Ortíz y Luz Guerrero.
Los hechos a ser investigados surgirían indicios de la eventual comisión del hecho punible de lavado de activos, vinculados con la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles. Así mismo, refiere que si bien existirían aspectos comunes con la causa citada, los acontecimientos individualizados serían distintos de los investigados en ella.
El abogado Claudio Lovera explicó a la Tribu 650 AM que los alcances de la resolución fiscal N.º 4067, vinculada con nuevas líneas de investigación sobre hechos que habrían ocasionado perjuicios patrimoniales a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), es que el Ministerio Público viene desarrollando investigaciones desde 2021 y que, en este nuevo caso, existen elementos que requieren una profundización.
Lovera indicó que la Conmebol, en calidad de víctima, mantiene su disposición de colaborar con la Fiscalía mediante el aporte de información disponible y el seguimiento de las diligencias. Según explicó, la nueva resolución responde a la identificación de otros montos y operaciones que deben ser examinados dentro de la investigación.
Nuevos elementos en la investigación
El abogado señaló que, en la primera causa, la Fiscalía formuló imputaciones y posteriormente acusaciones por una parte de los fondos investigados. Sin embargo, explicó que el transcurso del tiempo constituye un factor relevante para determinar qué hechos todavía permiten la aplicación de sanciones penales y cuáles pueden ser objeto de otros pronunciamientos jurídicos.
En ese sentido, manifestó que la Fiscalía identificó otros montos que podrían ser objeto de medidas relacionadas con la privación de beneficios obtenidos de manera indebida, incluso en situaciones en las que la acción penal para aplicar una pena pudiera encontrarse prescripta.
Lovera también mencionó que se detectaron operaciones patrimoniales relacionadas con el periodo en el que Nicolás Leoz habría generado perjuicios económicos. Según expuso, durante esa misma época se habría producido la adquisición de propiedades, muchas de ellas mediante pagos en efectivo, y posteriormente se habrían constituido fideicomisos inmobiliarios vinculados con esos bienes.
El abogado indicó que la investigación identificó, por ejemplo, fideicomisos inmobiliarios cuyo valor rondaba los 20 millones de dólares hacia finales del año en que comenzaron a constituirse.
Al respecto, sostuvo: “Son circunstancias que la Fiscalía no puede obviar y necesariamente tienen que ser objeto de una profundización”.
Lavado de activos y consecuencias penales
Consultado sobre si la nueva investigación podría complicar la situación procesal debido a la existencia de otros hechos punibles, Lovera respondió que la aparición de nuevos elementos genera información adicional y abre la posibilidad de nuevos impulsos investigativos.
Afirmó que la Conmebol está interesada en que los hechos sean esclarecidos y que las decisiones judiciales se adopten oportunamente. Asimismo, destacó la importancia de avanzar en las investigaciones relacionadas con el lavado de activos, tanto por las consecuencias jurídicas de estos hechos como por su impacto en la imagen del país.
En ese contexto, expresó: “Todo lo que implica el lavado de activos, como cualquier hecho punible, pero como también aquí está en juego la imagen del país en cuanto a la seriedad en el manejo de este tipo de circunstancias, son cuestiones que tienen que resolverse por pronunciamientos de fondo”.
El abogado agregó que la Conmebol impulsará las actuaciones que correspondan para que se esclarezcan los hechos y se adopten decisiones sobre las operaciones investigadas.
Respecto de los siguientes pasos, explicó que la Fiscalía deberá continuar con la recopilación de información y buscar nuevos elementos que permitan avanzar en el proceso. En caso de encontrar mérito suficiente, corresponderá formular los pronunciamientos pertinentes.
Lovera remarcó que la persecución penal pública está a cargo del Ministerio Público, mientras que la Conmebol, como víctima, permanece atenta a las actuaciones y a la posibilidad de aportar datos relevantes.
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Estado de la otra causa
Durante la entrevista, el abogado también se refirió a otra causa relacionada con las investigaciones, que permanece pendiente de resolución en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de abril de este año.
Explicó que el procedimiento quedó paralizado a raíz de una recusación, situación que impide resolver recursos pendientes en apelación y avanzar hacia la audiencia preliminar.
Según Lovera, los ministros de la Sala Penal ya emitieron sus votos y el expediente se encuentra pendiente de la firma en limpio de la resolución por parte del ministro Ríos. Aclaró que no conoce el sentido de los votos, pero señaló que el sistema permite verificar que fueron emitidos y que resta completar ese acto formal.
El abogado precisó que la firma está pendiente desde el 25 de agosto y cuestionó que la falta de ese trámite mantenga paralizado el procedimiento.
Investigación por separado y eventual ampliación de las penas
Consultado sobre si la nueva investigación se incorporará a la misma carpeta fiscal, Lovera aclaró que se tramitará por una vía separada. En consecuencia, se deberán reunir los antecedentes correspondientes para que el Ministerio Público impulse el esclarecimiento de los hechos.
En cuanto a la participación de la Conmebol como querellante, indicó que la institución deberá evaluar esa decisión más adelante, aunque continuará ejerciendo sus derechos en calidad de víctima y siguiendo la información que contenga la investigación fiscal.
Sobre las posibles consecuencias penales derivadas de los nuevos hechos investigados, el abogado señaló que se deberá analizar la concurrencia de distintos hechos punibles y sus efectos en los marcos penales aplicables.
Al respecto, afirmó: “De hecho que iremos discutiendo concurso de hechos punibles, esos concursos van determinando marcos penales nuevos y más elevados”.
Plazos de investigación y prescripción
Ante la consulta sobre si existe un plazo estipulado para la recopilación de datos, Lovera explicó que la posibilidad de continuar una persecución penal destinada a aplicar una sanción depende de los plazos de prescripción establecidos para cada caso.
Indicó que el Ministerio Público debe analizar las circunstancias particulares de los hechos investigados y actuar de manera que la acción penal no prescriba cuando todavía sea posible avanzar con la aplicación de una sanción.
No obstante, aclaró que la prescripción de determinados hechos no necesariamente impide toda actuación respecto de los beneficios económicos que pudieran haberse obtenido indebidamente. En ese contexto, mencionó la existencia de figuras jurídicas como el comiso, destinadas a abordar los bienes vinculados con beneficios ilícitos, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación.
Finalmente, Lovera insistió en que los plazos deben evaluarse caso por caso y que la Fiscalía debe actuar con la rapidez necesaria para evitar que el transcurso del tiempo obstaculice el esclarecimiento de los hechos.