La acusación, de 128 páginas, reconstruye a partir de documentos bancarios, actas, informes regulatorios, contratos fiduciarios y comunicaciones internas cómo el Ministerio Público vincula a Miguel Ángel Zaldívar y a otros directivos con la administración de fondos cuyo origen ilícito atribuye a Nicolás Leoz.
El primer bloque documental corresponde a los movimientos financieros de Leoz. La acusación señala que entre enero y mayo del 2013 se realizaron 15 depósitos en efectivo por USD 5.114.300. Para la Fiscalía, esas operaciones no guardaban correspondencia con el perfil económico asignado al entonces presidente de la Conmebol y no habrían estado acompañadas de una debida diligencia adecuada.
Uno de los documentos centrales es el “Análisis del Perfil Asignado”, presentado por el banco Atlas ante la Superintendencia de Bancos. Fechado el 16 de marzo del 2013, establecía un límite operativo autorizado de G. 1.400 millones mensuales.
Según la documentación incorporada a la acusación, el sistema interno del banco registraba para el 2013 un límite de G. 380 millones y de G. 560 millones desde febrero del 2014, mientras que el documento remitido posteriormente al Ministerio Público consignaba G. 1.400 millones. La Fiscalía presenta esa diferencia como un elemento relevante para explicar por qué algunos movimientos no habrían activado alertas.
Otro grupo de documentos corresponde a las comunicaciones del Área de Cumplimiento. En diciembre del 2015, antes de la constitución de los fideicomisos, el propio banco informó a la Superintendencia que Leoz tenía riesgo alto, un límite operativo de G. 1.400 millones mensuales y antecedentes de operaciones fuera de límite. Para el Ministerio Público, esto ubica la información sobre el riesgo dentro de la propia estructura bancaria.
También ocupa un lugar central el acta del 4 de febrero del 2016. Según la acusación, Miguel Ángel Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Concepción Martínez Duarte participaron en la aprobación y ratificación de los contratos de fideicomiso “MC, J y M 03” y “NC 02”, suscritos el 11 de febrero.
La Fiscalía subraya la cronología: la decisión se produjo menos de un mes después del allanamiento a la sede de la Conmebol, realizado el 7 de enero del 2016 en el marco de las investigaciones del FIFAgate. Para entonces, Leoz ya enfrentaba antecedentes judiciales y un pedido de extradición de la Justicia estadounidense.
Los contratos de fideicomiso son otro pilar de la acusación. Según el Ministerio Público, fueron constituidos con certificados de depósito de ahorro por aproximadamente G. 23.014 millones y USD 2.160.791, y luego modificados mediante adendas. La tesis fiscal sostiene que los directivos recibieron y administraron activos de origen ilícito y que esas operaciones no pueden analizarse al margen de los antecedentes existentes sobre Leoz.
La nota SB.SG. Nº 01600/2016 de la Superintendencia de Bancos también integra la reconstrucción. En ella, el organismo expresó preocupación respecto de los fideicomisos. Para la Fiscalía, esto demostraría que los cuestionamientos no surgieron recién con la investigación penal.
En mayo del 2016, la Superintendencia solicitó documentación para determinar la fuente de los ingresos que dieron origen a los certificados incorporados a los fideicomisos. La respuesta incluyó el estudio del perfil de Leoz y el LOA, sobre los cuales el Ministerio Público señala inconsistencias en fechas, montos y antecedentes.
A ello se suma el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del banco Atlas, utilizado por la acusación para contrastar las operaciones investigadas con las reglas internas de la entidad.
Así, la causa se apoya en movimientos financieros, perfiles operativos, alertas, decisiones del Directorio, contratos, requerimientos del supervisor y normas internas. Para la Fiscalía, ese cúmulo documental debe ser confrontado con la defensa y valorado en juicio oral y público, una instancia pendiente mientras la causa permanece suspendida y aguarda el voto de Víctor Ríos.