La Fiscalía presentó el resultado de un estudio financiero sobre la administración de Armando Gómez, exintendente de Lambaré (2015 - 2020) en el juicio oral y público que el político enfrenta por supuesta corrupción.
El juicio que se realizó a la mañana continuó con la presentación de documentales por parte de la Fiscalía. Esta institución presentó en la ocasión a la perito Jael Alison Garay Silveira, que se encargó de explicar el resultado de dicho estudio específicamente sobre el ejercicio 2019.
La perito presentó análisis sobre extractos bancarios, informes diarios de tesorería y registros de ingresos por tributos. La conclusión fue que se hicieron depósitos bancarios por G. 33.346 millones, pero el ingreso por tributos fue de G. 43.569 millones. Hay una diferencia de G. 10.222 millones, informó la profesional.
En la acusación inicial de la Fiscalía, figuraba un faltante de G. 9.317 millones. En este documento el Ministerio Público analizó la anulación irregular de 6.390 facturas. Ahora, con el informe de la perito aumentó la diferencia, dato que va en contra del exintendente.
La Fiscalía acusa a Armando Gómez por hurto en calidad de autor, estafa mediante sistemas informáticos en calidad de instigador y asociación criminal, también en calidad de autor. En el caso se investiga la participación coordinada de varias oficinas de la comuna local, como las vinculadas a los departamentos como Tesorería, Finanzas y Tecnologías de la Información.
Por esta razón fueron procesados con Armando Gómez: Roberto Paredes, exdirector de Administración y Finanzas; Ricardo Javier Portillo, exjefe de Tesorería; Ricardo Ricciardi, exfuncionario de Gestión Tecnológica, y Édgar Villalba, que era director interino del departamento de Gestión Tecnológica.
El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete. La operación irregular se hacía de noche y allí funcionó el equipo integrado por los funcionarios nombrados, según el fiscal Francisco Cabrera, uno de los agentes del Ministerio Público que sostiene la acusación.
La anulación de comprobantes requería del permiso de un usuario, y para ello estaba el equipo conformado, según la hipótesis del fiscal. El operativo realizado por el equipo de Gómez quedó todo registrado en el sistema informático de la Municipalidad, según la investigación.
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