Continúa el juicio oral y público a Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, en el cual el Ministerio Público le acusa de desviar fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este a través de una red de pequeñas empresas con utilización de supuestas facturas falsas.
En las dos últimas sesiones, la Fiscalía leyó la acusación y presentó documentales contra Prieto. En la ocasión, el fiscal Silvio Corbeta ratificó que la administración de Prieto fabricó facturas falsas con empresas vinculadas para perjudicar a la comuna local por más de 2.030 millones de guaraníes.
La batalla jurídica se intensifica entre la Fiscalía y la defensa. Esta última ofreció como testigo a todos los proveedores de la municipalidad para demostrar que todo se hizo legalmente. El Tribunal de Sentencia que juzga a Prieto está integrado por los jueces de primera instancia Ana Rodríguez, Karina Rodríguez y Yolanda Morel.
El juicio que sigue mañana es sobre el caso conocido como “Tía Chela”, nombre que surgió de la principal empresa proveedora de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la época de la pandemia, cuando Prieto era intendente. Según la acusación fiscal, dicha empresa no tenía la capacidad para proveer 25.000 kits de alimentos durante la pandemia de covid-19 y sin embargo, fue adjudicada.
Entre algunas de las empresas supuestamente vinculadas con Tía Chela figuran Vameni SA, una empresa constructora que a su vez estaría vinculada a Vanessa Florentín. Ellas compraban y vendían mercaderías a la municipalidad a través de Tía Chela. De ahí que la Fiscalía acusa de formar una red a las mismas para un objetivo común, que sería el supuesto desvío de fondos.
Sin embargo, la defensa dice que sus propietarios o representantes legales participan en el juicio y pueden responder todos los cuestionamientos. Según la Fiscalía, existió una red de proveedores asociados para la evasión, lo que la defensa refuta diciendo que las pequeñas empresas compraron de empresas privadas y vendieron a una empresa privada.
La acusación fiscal se basa en los reportes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que señalan que en torno a la causa operó un grupo de aproximadamente 30 proveedores y al menos 4 firmas identificadas como proveedoras con inconsistencias o facturas cuestionadas para justificar la entrega parcial o simulada de los kits de alimentos.
Miguel Prieto soporta tres juicios actualmente: uno es el principal conocido como caso Tía Chela, otro juicio se conoce como caso Tajy que también ya fue elevado a juicio oral y el tercero es el supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 relacionado con recursos del Consejo Local de Salud del Hospital Regional.
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