Cerca del mediodía de hoy, prosigue el juicio sobre el caso de la supuesta sobrefacturación en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables de Ciudad del Este durante la pandemia del covid-19 en el 2020. Tanto la Fiscalía como la defensa ya hicieron sus alegatos iniciales y el juicio entró en la etapa de producción de pruebas.
La Fiscalía acusó a Miguel Prieto de favorecer en una licitación a la empresa Tía Chela SRL durante la pandemia sin que esa firma cumpliera con los requisitos. El Ministerio Público sostiene que esta empresa entregó parcialmente los víveres y causó un perjuicio de G. 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
También acusó de que las autoridades junto con la firma proveedora fabricaron facturas falsas para realizar un supuesto negociado. Prieto supuestamente ordenó las compras durante la emergencia sanitaria por la vía de excepción que es aplicable sólo a casos de extrema urgencia.
Por su parte, la defensa afirma que justamente durante la pandemia se usó la vía de excepción porque había muchas restricciones y se tenían que distribuir con urgencia los alimentos. Además, anunció que en el transcurso del juicio presentará todas las pruebas de la entrega de los kits de alimentos y que demostrará que no hubo evasión de fondos.
En la causa también se encuentran acusados: Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada y José Cáceres Galeano. La lista de procesados sigue con Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanesa Florentín Báez.
El fiscal acusador, Silvio Corbeta, afirmó que “la forma en que se hizo esta licitación fue direccionada hacia una empresa (Tía Chela). Eso es categórico. Tenemos informe de Contrataciones Públicas y de la Contraloría donde se explica cada etapa”, indicó.
Por su parte, el abogado Derlis Martínez, defensor de Prieto, indicó que la causa se inició con la denuncia presentada por el concejal municipal Celso Miranda, alias “Kelembu”, a quien calificó como una persona “no muy seria”. Esta denuncia se presentó el 31 de marzo de 2020 cuando la empresa Tía Chela llevaba seis días entregando los kits de alimentos, señaló.
MIentras la Fiscalía cuestionó el perfil de la empresa Tía Chela, en el sentido de que ésta no tiene la capacidad de proveer gran cantidad de mercaderías a la Municipalidad de Ciudad del Este, el defensor de Prieto indicó que lo que importa es que “cualquier empresa que fuera del rubro alimenticio y que estuviera operante en el ámbito comercial puede ser proveedor”.