El Ministerio Público remitió al Congreso Nacional el anteproyecto presupuestario para fortalecer la investigación técnica en el 2027, según la propuesta aprobada por el fiscal general Emiliano Rolón.
Los técnicos de la Fiscalía General del Estado elevaron un informe al Consejo Asesor del Proyecto de Presupuesto del Ministerio Público para el año 2027 que también fue remitido al Congreso Nacional. La Propuesta Institucional consolidada y remitida al Poder Legislativo alcanza un total de G. 1.286.764.270.960.
Esta diferencia de G. 510.964.862.457 (65,86 %) con relación al límite inicial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se fundamenta en la urgente necesidad de cubrir el crecimiento de la demanda de justicia.
Estos datos fueron presentados al Consejo Asesor del Ministerio Público, presidido por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, con la participación de los fiscales adjuntos.
Inversiones en infraestructura edilicia y tecnología forense
Uno de los ejes centrales del incremento presupuestario, del Plan Anual de Contrataciones, está destinado al fortalecimiento forense y equipamiento tecnológico.
Entre las inversiones previstas se destacan la infraestructura edilicia y mantenimiento: remodelación y adecuación del Laboratorio Forense, del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público y sedes regionales.
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Equipamientos para Encarnación y software especializado
También se prevé la adquisición de equipos, muebles y enseres para el Laboratorio Forense de la Sede Encarnación, además de instrumental especializado, decibelímetros, herramientas y software forense para la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Igualmente el anteproyecto contempla la actualización del parque informático, servidores de alta capacidad, almacenamiento (Storage), ciberseguridad, sistemas de gestión de eventos (SIEM), licencias de software y refuerzo de seguridad física con videovigilancia (CCTV) y biometría.
Con estas gestiones ante los estamentos legislativos y ejecutivos, la representación fiscal busca garantizar los recursos financieros necesarios para asegurar las licitaciones proyectadas, modernizar la investigación científica de los hechos punibles y brindar una respuesta más eficaz a la ciudadanía, según la planificación impulsada por el fiscal general Emiliano Rolón.