Según sostiene la representación fiscal, la administración comunal contrató de manera irregular a la firma proveedora conocida como “Tía Chela” para la adquisición de kits de alimentos de gran volumen destinados a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
El reporte fiscal señala que la firma adjudicada no contaba con la infraestructura, capacidad logística ni las condiciones comerciales requeridas para cumplir con provisiones de gran escala.
A pesar de estas limitaciones operativas, la municipalidad avanzó con el proceso licitatorio y desembolsó los fondos públicos.
Para los investigadores, la contratación de “Tía Chela” formó parte de un montaje administrativo diseñado para desviar recursos de la comuna esteña mediante simulación de compras.
El proceso contra el jefe municipal y otros procesados en la causa continúa en la fase de deslinde de responsabilidades penales.
Según la fiscal Verónica Valdez, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto hizo una llamado a licitación por la vía de excepción para no cumplir con todos los trámites ordinarios exigido por la Dirección de Contrataciones Públicas.
Luego de dicha decisión, la directora de la UOC de la Municipalidad de Ciudad del Este, Maggi Fariña elaboró el pliego de bases y condiciones “omitiendo exigir capacidad financiera y capacidad técnica a las empresas proveedoras”.
Fariña pidió solamente acreditar que la actividad estuviera vinculada a la comercialización en mercados, supermercados o minimercados. No pidió contratos anteriores ni otros documentos que justifiquen la trayectoria en el ramo. Esta omisión es “un alto riesgo de incumplimiento para la contratación”, dijo la agente fiscal.
Agregó que de esa forma “se incumplieron principios de libre competencia e igualdad que rigen en contrataciones públicas”, y se disminuyó la posibilidad de que se presenten otros oferentes y se direccionó la adjudicación a una empresa determinada que sería “Tía Chela”.
El día que la empresa “Tía Chela” fue adjudicado para proveer alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este para que a su vez esta institución distribuya a los beneficiados fue el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia. El 27 de marzo de 2020 las partes suscribieron el contrato Nº 14/20 por G 2.949.650.000.
Prieto ordenó -siempre según la Fiscalía- el desembolsado de dinero en dos pagos: el primero por G 1.769.790.000 el 7 de abril de 2020 y el segundo por G 1.179.860.000 el 9 de julio de 2020 a favor de Fermín Ávalos, de la empresa “Tía Chela”.
Según la imputación fiscal aquí hubo una contravención del pliego de bases y condiciones que exigía la provisión total previa al pago”. Del proceso de pago se encargaron los funcionarios Francisco Raimundo Arúa Álvarez, Ramón Acuña, Cirle Alcaraz y Nelson Segovia.
La Fiscalía basó su dictamen en el estudio de trazabilidad realizada por la SET. Según el estudio, “Tía Chela” entregó alimentos solamente por valor de G 819.613.840 y produjo un perjuicio de G 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Siempre según la imputación fiscal, los funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, Julián Benítez Gamarra (jefe de almacenes), Sebastián Martínez, José Félix Cáceres e Higinio Ramón Acuña (Jefe de Adquisición y Suministros) firmaron documentos oficiales haciendo constar falsamente la recepción total de los alimentos (25.000 kits) entre el 27 de marzo, 30 de marzo y 13 de abril de 2020.