La Fiscalía indaga una compleja red de falsificación de documentación académica que involucra a funcionarios, intermediarios y beneficiarios.
La indagatoria penal busca determinar la responsabilidad de los actores en la expedición irregular de diplomas.
Las pesquisas abarcan la gestión documental y los registros estatales de las últimas décadas. La causa analiza el impacto de estas irregularidades en el sector docente e institucional, según explicaron en el programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.
Aristas de la investigación y verificación de institutos de enseñanza superior
La indagatoria fiscal analiza 525 casos individuales de personas beneficiadas con documentos no auténticos. La causa contempla tres líneas de trabajo centradas en funcionarios, beneficiarios directos y responsables de centros educativos.
“Estamos verificando tres aristas que incluyen la participación de funcionarios del ministerio, las personas beneficiadas con los títulos falsos y los responsables de institutos de enseñanza superior”, explicó la representante de la fiscalía.
Pedido de acciones judiciales ante el Cones para anular la eficacia de títulos falsos
La representación fiscal mantuvo una reunión con las autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). El objetivo apunta a que los rectores promuan acciones civiles para restar valor legal a los cartones apócrifos.
“Remitimos 144 casos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que se inicie el procedimiento administrativo de cancelación de matrícula de las personas que tienen estos títulos falsos”, puntualizó la agente del Ministerio Público.
Diferencia entre la compra directa de títulos y las víctimas de estafa académica
Las diligencias identificaron a dos grupos bien diferenciados de personas portadoras de los documentos falsos. El primer sector corresponde a compradores conscientes del fraude, mientras que el segundo abarca a estudiantes estafados por centros no habilitados.
“Hay personas que pagaron cuotas y tesis en institutos que no estaban habilitados por la Aneaes y les entregaban títulos falsos utilizando el membrete de universidades sin su consentimiento”, precisó la investigadora.
Control de usuarios en los sistemas informáticos del Ministerio de Educación
La causa diferencia los registros manuales previos al año 2012 de aquellos procesados mediante plataformas informáticas. La auditoría se centra en los nombres de usuario autorizados que convalidaron la carga de datos.
“Las irregularidades ingresaron al sistema informático y por eso realizamos una verificación para conocer cuáles fueron los usuarios que realizaron todo el proceso de registro y matriculación”, detalló la funcionaria judicial.
Expectativa de penas privativas de libertad y procedimiento administrativo de cancelación
Las conductas investigadas se enmarcan en hechos punibles que contemplan sanciones privativas de libertad en el fuero penal. La persecución de los delitos no frena las sanciones administrativas en el ámbito educativo.
“Los delitos contemplan penas que van de seis meses a cinco años de cárcel, pudiendo llegar a siete años y seis meses en caso de concurso de hechos punibles”, concluyó Teresa Sosa, al señalar el avance de las pesquisas en San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná.