La investigación del Ministerio Público sobre un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) avanza con nuevas verificaciones en la sede central de la previsional. El fiscal Julio Ortiz aguarda ahora informes técnicos y administrativos, así como un inventario de los equipos adquiridos para la instalación de quirófanos modulares.
La causa tiene imputados a dos expresidentes del IPS por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Como parte de las diligencias, el agente fiscal ingresó al predio acompañado por el actual presidente de la institución, Isaías Fretes, donde fueron localizados diversos elementos vinculados al proceso de contratación.
Durante la inspección se constató la existencia de productos que permanecen en stock. La institución deberá ahora contabilizar los bienes disponibles y contrastarlos con la documentación de la licitación para determinar qué equipos fueron efectivamente entregados y cuál es su situación actual.
Quieren saber qué pasó con quirófano desmantelado
Otra de las verificaciones se realizó en el séptimo piso del Hospital Central, donde anteriormente funcionaban 11 quirófanos. El sector fue completamente desmantelado para la ejecución del proyecto, pero los trabajos no avanzaron.
Según lo constatado durante la diligencia, una advertencia sobre la estructura del edificio habría impedido continuar, debido a que la instalación de los quirófanos modulares podía representar un exceso de peso y comprometer la estabilidad del sector.
En una tercera constitución fiscal, los investigadores encontraron además una zona donde parte de las obras sí fue ejecutada. Sin embargo, la presencia de tubos o tanques de helio debajo del área intervenida habría generado condiciones de riesgo, lo que llevó nuevamente a la suspensión de los trabajos.
Sospechas de perjuicio patrimonial
Con los informes pendientes y el resultado del inventario, la Fiscalía busca determinar el alcance real de las obras ejecutadas, los bienes efectivamente entregados y las circunstancias que llevaron a la paralización del proyecto, en una causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.