El Ministerio Público (Fiscalía) presentó la acusación formal contra el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas. La representación investigativa sostiene que el procesado actuó de forma unilateral al ordenar la suspensión del proyecto y la destrucción de infraestructuras, según explicó la agente fiscal Yeimy Adle para el programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.
Acta de entendimiento y suspensión de obras con 40% de avance
La recepción del proyecto por parte de la nueva administración se dio con un avance físico verificado del 40%. La firma del acta de entendimiento el 23 de octubre de 2018 con la constructora Mota-Engil dispuso la paralización de las tareas y la ejecución de obras no contempladas en el contrato original.
Los informes elaborados por la consultora internacional Transconsulting recomendaron dar continuidad al trazado original.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aconsejó aprovechar las estructuras y optimizar el uso de los recursos públicos invertidos.
Los peritajes técnicos incorporados al proceso arbitral confirmaron la viabilidad constructiva de la obra.
La resolución de la causa depende de la valoración que realice el tribunal en la etapa de juicio oral.
Demolición de estaciones y falta de dictámenes técnicos exigidos
La orden de demolición dictada en abril de 2020 abarcó 6 estaciones construidas sobre el corredor central. Las consultas remitidas a la Contraloría General de la República (Contraloría) confirmaron la inexistencia de informes periciales previos que justificaran la destrucción.
El Estado paraguayo desembolsó previamente más de 6 900 millones de guaraníes por las estaciones.
La contratación de servicios para la demolición demandó el pago de 8 030 millones de guaraníes en recursos estatales.
El dictamen remitido en su momento por la Procuraduría General de la República advertía la necesidad de contar con respaldo técnico.
Sobre la falta de justificativos periciales para la toma de decisiones, la agente del Ministerio Público (Fiscalía) remarcó: “Lo único que le asesoró fue el procurador que le dijo que para la demolición de las estaciones debía tener un informe técnico previo que no se realizó, y para la suscripción del acta de entendimiento no hay ningún informe técnico”.
Concurso de hechos punibles y estimación de pérdidas financieras
La tipificación de las conductas atribuidas configura un concurso de delitos con una expectativa de pena de hasta 7 años y 6 meses de encierro. El cálculo preliminar del perjuicio patrimonial abarca montos pagados por contratos de consultoría e indemnizaciones a frentistas.
Los pagos efectuados a la empresa contratista alcanzaron una suma superior a los 180 000 millones de guaraníes.
La expropiación pendiente afectaba únicamente a 13 frentistas al momento de la paralización.
Los estudios de factibilidad desarrollados desde 1998 integraban el plan de infraestructura urbana.
El procesamiento penal no incluye a otros integrantes del gabinete ministerial del periodo gubernamental analizado.
Etapa intermedia y planteamientos pendientes en el juzgado de la causa
El requerimiento fiscal deberá ser evaluado por el juez de la causa durante la celebración de la audiencia preliminar. Las defensas técnicas promovieron incidentes de extinción de la acción penal que aguardan resolución judicial.
La fiscalía solicitó el rechazo de los recursos dilatorios para permitir el avance del proceso penal.
El control de la administración de fondos estatales exige expedición rápida en causas de interés social.
Las actuaciones correspondientes al requerimiento acusatorio continuarán en sede judicial, según concluyó Yeimy Adle.