La agente fiscal del Ministerio Público (Fiscalía), Lourdes Soto, imputó por homicidio doloso en grado de dolo eventual a dos organizadores de una carrera clandestina de caballos tras la muerte de un niño de 8 años en Cecilio Báez. La representación fiscal procesó igualmente a los progenitores del menor por violación del deber de cuidado y homicidio culposo. La causa penal investiga la explotación de niños como jinetes en apuestas ilegales desarrolladas en la zona del departamento de Caaguazú.
Allanamientos operativos y detención de administradores de apuestas
Las actuaciones de la representación fiscal derivaron en cinco allanamientos simultáneos en la localidad para incautar evidencias e identificar a los miembros de la red de apuestas, según lo expuesto en el programa La pelu por La Tribu 650 AM. Las intervenciones permitieron la aprehensión de dos administradores que coordinaban las convocatorias mediante aplicaciones de mensajería.
La comitiva judicial de la Fiscalía confirmó que las citas para las competencias ecuestres se gestionaban en grupos cerrados de telefonía móvil.
Los efectivos de la Policía Nacional incautaron los animales utilizados durante la jornada en la que se produjo el desenlace fatal.
Al detallar las medidas cautelares adoptadas tras las intervenciones realizadas en la causa penal, la autoridad investigadora explicó que “se logró la detención de dos de ellos que ya fueron puestos a disposición del juzgado en razón de que están imputados por homicidio doloso en grado de dolo eventual”, argumentando la calificación procesal.
Las pistas de carreras informales funcionaban en un inmueble privado alquilado sin autorización municipal. La falta de licencias de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJAZAR) ratifica la ilegalidad de las apuestas.
Negligencia técnica en la pista y causa de la muerte del menor
La infraestructura del recinto improvisado carecía de las vallas de contención obligatorias para resguardar la vida de los competidores. La falta de apertura de la simbra o portón de alambre ubicado a los 300 metros de la meta provocó la colisión directa del caballo.
La agente de la Fiscalía confirmó que el impacto despidió al menor de 8 años contra el vallado de madera.
Los médicos forenses del caso determinaron que los traumatismos craneales severos causaron la muerte instantánea de la víctima.
Al fundamentar la atribución de dolo eventual a los encargados de la logística del evento, la representante de la fiscalía afirmó que “ellos no quisieron matarle pero no pusieron los recursos para que no pase esta tragedia”, remarcando la omisión de precauciones elementales.
La explotación de menores en las pistas responde a las exigencias de pesaje para optimizar la velocidad de los equinos. Los organizadores imponen un tope de 50 kilogramos para habilitar la participación en el circuito.
Responsabilidad de los progenitores y margen de ganancias
La cesión de la custodia de los niños a cambio de porcentajes sobre las apuestas constituye una conducta sancionada por el régimen de protección infantil. Los padres entregaron al niño sin acompañarlo a la jornada desarrollada en el sector rural.
La investigadora de la causa penal constató que los tutores no estuvieron presentes en el predio al momento del siniestro.
Los pobladores de la zona de Cecilio Báez señalaron que las familias vulnerables reciben sumas de dinero por permitir el uso de sus hijos como jinetes.
Al abordar la retribución económica informal que perciben los representantes por la participación de los menores, la autoridad de la Fiscalía puntualizó que “si es una carrera más importante 20 por ciento gana el jockey”, revelando los incentivos de la actividad ilícita.
Las imputaciones formuladas por la fiscalía contemplan el concurso de delitos por abandono y homicidio culposo. Las penas aplicables a los padres se determinarán según el nivel de responsabilidad en el hecho.
Proyección de imputaciones y prevención estatal de carreras ilegales
Las pesquisas a cargo del departamento de investigación de delitos prevén la emisión de cinco nuevas órdenes de procesamiento contra los dueños del predio y de los animales. Las unidades fiscales de la región coordinarán medidas de clausura sobre los inmuebles utilizados para los juegos de azar no autorizados.
Los funcionarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) intervinieron en pistas de Villarrica y Carmen del Paraná para impedir la presencia de menores en las competencias.
La persecución de la explotación infantil abarcará la sanción a los dueños de los establecimientos que consientan el ingreso de niños.
Al concluir la presentación de los avances logrados en el expediente penal tramitado en el departamento de Caaguazú, la agente fiscal Lourdes Soto ratificó que “mañana salen otras cinco imputaciones más y seguiremos investigando para sancionar este tipo de hechos”, reafirmando el compromiso judicial.