La agente de la Unidad Especializada en la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, Vivian Coronel, formuló acusación formal contra una docente por la supuesta comisión del hecho punible de violación del deber de cuidado. El requerimiento del Ministerio Público se fundamenta en la falta de contención institucional a un estudiante de 12 años que sufría agresiones sistemáticas dentro del entorno educativo en Ciudad del Este.
Omisión de los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias
Las diligencias investigativas de la representación fiscal determinaron que la profesora ejercía la función de guía del menor dentro de la institución de enseñanza. La funcionaria escolar tenía conocimiento pleno de las situaciones de hostigamiento físico y verbal que padecía la víctima en el aula.
La comitiva fiscal constató la inacción del personal docente ante las alertas previas manifestadas por los familiares del estudiante.
Vivian Coronel sostuvo que la educadora omitió la aplicación de las normativas de protección infantil para salvaguardar la integridad física y mental del alumno.
La imputada no activó los procedimientos previstos por el Ministerio de Educación y Ciencias para la prevención de la violencia en el ámbito escolar. La falta de comunicación oportuna a la dirección institucional impidió la intervención de las brigadas de apoyo psicológico.
Autopsia psicológica como elemento probatorio en la acusación
El estudio pericial de reconstrucción conductual permitió evaluar el progresivo deterioro de la salud mental del estudiante durante los meses previos a su fallecimiento. La evidencia científica confirmó que la víctima experimentó un cuadro de estrés agudo derivado del acoso sistemático.
La pericia forense concluyó que la omisión de los deberes de protección agravó la vulnerabilidad emocional del niño de 12 años.
Al fundamentar la gravedad de los elementos recabados durante la etapa preparatoria, Vivian Coronel aseveró que “la falta de activación de los protocolos obligatorios impidió dar aviso oportuno a las autoridades para frenar el acoso”, argumentando la responsabilidad penal de la acusada.
El escrito acusatorio fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná para la realización de la audiencia preliminar. La representación del Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público para la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
En la conclusión de la presentación judicial sobre la protección de la niñez, la agente fiscal Vivian Coronel ratificó que las autoridades escolares deben velar de forma obligatoria por el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales dentro de las aulas.