Según informó la fiscalía, el inmueble pertenece al Ministerio Público desde el año 2023 y su entrega oficial está en proceso. La investigación penal se inició tras una inspección de las autoridades de la institución que constató la remoción de techos de zinc, tinglados, puertas y marcos.
La causa recayó en la Unidad Penal Barrial N.° 3, a cargo de la fiscal Andrea Vera Aldana. Las primeras diligencias civiles se orientarán a la recolección de evidencias, la cuantificación de los daños y la identificación de los responsables de la afectación al patrimonio estatal, según un comunicado oficial. La fiscalía buscará determinar las responsabilidades penales y establecer quiénes participaron en los hechos denunciados en el perímetro.
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El predio continúa bajo el uso de la Policía Nacional, institución que mantiene personal activo en el lugar. Este aspecto será objeto de análisis debido a que la infraestructura sufrió el desmantelamiento antes de concluir la transferencia formal, señalaron.
La situación se documentó luego del anuncio público sobre la próxima entrega de las instalaciones a los representantes del Ministerio Público.
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