La jueza de Ejecución penal, Sandra Kirchhofer, otorgó libertad condicional a Patricia Noemi Rodríguez que fue condenada en 2024 a 5 años de prisión por lavado de dinero derivado del narcotráfico, en un juicio vinculado con el caso A Ultranza Py, la operación más grande contra el crimen organizado realizado en nuestro país.
En aquella ocasión, Rodríguez tuvo una pena reducida porque colaboró con la justicia y su proceso fue abreviado, según informaron ayer fuentes judiciales. La beneficiada ahora cumplió con todas las medidas que le fueron impuestas y mereció la libertad condicional, según la evaluación de la magistrada.
No obstante, la jueza le impuso nuevas medidas a cumplir, dentro del marco de la nueva situación: debe presentar una fianza de 300 millones de guaraníes y otra caución de igual monto por parte de un familiar.
Patricia Noemi Rodríguez es la esposa de Alberto Koube, quien fue detenido en febrero de 2022 durante la ejecución de la operación A Ultranza Py. Según la acusación sostenida por el fiscal Deny Pak, la abogada Patricia Rodríguez Ojeda operó activamente dentro del esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico..
La Fiscalía le atribuyó a Rodríguez haber comercializado clandestinamente activos de una de las unidades de negocios del Grupo Tapyracuái, plataforma que servía para justificar el flujo económico e ingresar al sistema financiero la plata ilícita atribuida a Sebastián Marset, el supuesto narco uruguayo extraditado a los Estados Unidos de América desde Bolivia.
Otras medidas que Rodríguez debe cumplir para gozar la libertad condicional desde ahora es la prohibición de consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes. El Juzgado le advirtió que hará control aleatorio sobre el cumplimiento del nuevo régimen; la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado; la prohibición de cometer cualquier otro hecho punible; obligación de residir en el domicilio anunciado.
Rodríguez deberá cumplir también reparación del daño social y como tal deberá donar la suma de G. 2.437.500 que será destinado como financiación para los allanamientos. También se le impone la obligación de donar cada cinco meses ante la secretaría del Juzgado una computadora con sus componentes, monitor, teclado, mouse y una impresora.
Y, por último, tiene prohibición de permanecer en la vía pública desde las 23:00 hasta las 05:00 horas y debe realizar trabajo social en el Hospital Psiquiátrico los días sábados, de 07:30 a 12:00, cada 15 días.
Otra de las acusaciones que la Fiscalía hizo contra Rodríguez es que ella mantenía vínculos con el entorno de Sebastián Marset en su calidad de abogada y que en mayo de 2020 ejerció la defensa técnica de Diego Nicolás Marset, hermano de Sebastián en una causa abierta en Luque.