La Unidad Penal del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Teresa Sosa, confirmó este jueves la ejecución de peritajes informáticos sobre 525 registros de títulos universitarios apócrifos.
La representante de la Fiscalía, detalló los avances del proceso investigativo durante una entrevista concedida al programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Verificaciones informáticas y análisis de registros en el sistema estatal
Las diligencias del laboratorio forense, buscan identificar a los usuarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que autorizaron la carga de documentos inauténticos en el sistema Nautilus según las declaraciones expuestas en Espresso informativo por La Tribu 650 AM. Las revisiones del registro informático, constataron que las maniobras irregulares abarcan expedientes tramitados desde el año 2000 hasta el año 2019. Las pericias técnicas en ejecución, comprobaron la utilización fraudulenta del membrete institucional perteneciente a la Universidad Autónoma de Asunción.
Las consultas a las autoridades académicas, confirmaron que los profesionales investigados nunca figuraron como alumnos ni egresados en las actas de la institución citada. Las comparaciones con las bases de datos, revelaron discordancias de nombres entre las firmas registradas en las carpetas y las nóminas oficiales del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). El mantenimiento del procedimiento administrativo, requiere la participación necesaria de directores generales del ministerio para validar el otorgamiento de cada título profesional.
Tipificación de hechos punibles y expectativa de penas en la causa
Los delitos contra la prueba documental, contemplan la producción de documentos inauténticos, el uso de certificados falsos y la inscripción irregular en registros públicos. Las conductas de los implicados, configuran además el hecho punible de estafa en perjuicio del erario estatal y de terceros defraudados. Las sanciones del Código Penal, establecen penas privativas de libertad que oscilan entre 6 meses y 5 años de prisión.
La aplicación de la figura del concurso de delitos, permite elevar la expectativa punitiva hasta un máximo de 7 años y 6 meses de encierro. La evaluación de la validez de los actos administrativos, exige analizar caso por caso las resoluciones firmadas por autoridades colegiadas como los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La investigación penal en curso, busca determinar las responsabilidades individuales en la cadena de mandos institucional.
Estafas en institutos de enseñanza e irregularidades en la tramitación
Las operaciones de institutos no acreditados, engañaron a estudiantes del interior del país mediante el cobro de cuotas lectivas durante 4 años. Los directivos de centros privados, prometían la convalidación de las carreras a través de supuestos convenios firmados con universidades capitalinas. Las víctimas del esquema fraudulento, recibieron cartones falsos creyendo cumplir con las exigencias impuestas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
El otorgamiento de los registros finales, demuestra la existencia de redes de corrupción enquistadas en las jefaturas de control del sistema educativo. Las normativas de registro profesional, impiden la habilitación inmediata de títulos en plazos menores a 30 días de gestión burocrática. Los perjuicios laborales y económicos, afectaron la carrera profesional de docentes legítimos desplazados por el nombramiento de personal no cualificado.
Compatibilidad de cargos públicos e irregularidades en la gestión de control
La ocupación simultánea de cargos directivos, en universidades privadas y dependencias del ministerio genera un evidente conflicto de intereses institucional. El pedido de dictámenes jurídicos, evaluará la legalidad de los funcionarios públicos encargados de autorizar el funcionamiento de instituciones superiores. La falta de controles estatales, favoreció la proliferación de institutos superiores exentos de fiscalización académica periódica.
El cobro de pluses salariales, incentivó la adquisición de acreditaciones falsas por parte de funcionarios interesados en escalar categorías en la función pública. Las denuncias de la comunidad educativa, aportaron datos de valor para desmantelar la estructura delictiva dedicada a la venta de títulos universitarios. La voluntad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), permitió impulsar las querellas correspondientes para sanear los registros de profesionales en todo el territorio nacional.
Diligencias investigativas y cooperación de la comunidad docente
El procesamiento de las evidencias digitales, continuará con la extracción de datos informáticos procedentes de las terminales de la secretaría de estado. Las garantías del proceso penal, respaldan el deber de la fiscalía de informar periódicamente a la ciudadanía sobre el avance de los peritajes. La protección de los denunciantes, canalizará nuevos testimonios ofrecidos por educadores afectados por el fraude académico masivo.
Las actuaciones de la unidad especializada, mantendrán el ritmo de las indagatorias para individualizar a los beneficiarios de los títulos investigados. La búsqueda de sanciones ejemplares, consolidará los esfuerzos por erradicar la venta de acreditaciones profesionales falsas en el país con la intervención de la Agente Fiscal, Teresa Sosa.