Luego que una comitiva fiscal y policial interviniera una sede hotelera de la capital, donde se ejecutaban defensas de tesis totalmente clandestinas, el agente fiscal interviniente Aldo Cantero, lideró el procedimiento penal ante las denuncias presentadas por los órganos reguladores del sistema educativo nacional.
Los estudiantes extranjeros afectados, manifestaron su total desilusión al constatar el engaño jurídico del cual resultaron víctimas directas.
Intervención conjunta con autoridades rectoras y la farsa de los títulos
El procedimiento de allanamiento simultáneo, se ejecutó tras la denuncia formal del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en conjunto con el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Las explicaciones del fiscal Aldo Cantero, detallando el desmantelamiento de la estructura académica ilegal, se emitieron en el desarrollo del programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Los directores jurídicos ministeriales, acompañaron el operativo técnico en el establecimiento céntrico para constatar las irregularidades administrativas en flagrancia.
Las autoridades educativas paraguayas presentes, informaron a los alumnos extranjeros que la firma comercial Calidad Educativa Sociedad Anónima, carecía de validez jurídica.
La organización criminal investigada, utilizaba denominaciones de institutos superiores de forma fraudulenta para burlar las fiscalizaciones de los entes rectores.
Imputación penal por estafa y los millonarios montos en moneda extranjera
La Unidad Penal de la Capital, presentó una imputación formal contra el ciudadano de nacionalidad brasileña Ismael Fener. El procesado bajo sospecha delictiva, afronta cargos por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y estafa. El esquema de fraude financiero, captaba a profesionales del país vecino ofreciendo maestrías de actualización bajo una supuesta modalidad de enseñanza híbrida.
Los alumnos afectados por el engaño, abonaban matrículas y cuotas mensuales que oscilaban entre 3.000 reales como base y 9.000 reales en los niveles superiores de doctorado.
Los datos de inteligencia del Ministerio Público, estiman que la cifra total de personas estafadas asciende a un promedio mínimo de 3.000 personas damnificadas en la región.
Las autoridades judiciales de la República Federativa del Brasil, contactaron con sus pares locales para cruzar los antecedentes de las causas abiertas.
Expectativa de pena privativa de libertad y la extensión hacia otras carreras
Los delitos de estafa y falsificación, se encuentran tipificados como hechos punibles de acción penal pública en el Código Penal paraguayo. La expectativa de sanción base, contempla un marco de hasta 5 años de pena de prisión para cada tipo legal de forma separada. El concurso de hechos punibles aplicable, eleva la expectativa de condena a un marco penal máximo de 7 años y 6 meses de cárcel.
Los investigadores de la fiscalía ordinaria, advirtieron que este modelo de captación de alumnos se extiende de forma peligrosa en las ciudades de frontera. Las autoridades del consejo superior, manifestaron su preocupación por la proliferación de cursos truchos orientados especialmente a las carreras de medicina en el interior. El peritaje de los aparatos electrónicos, permitirá acceder a los registros contables y a las listas completas de los docentes coordinadores.
Trámites de extradición activa por la restitución internacional de una menor
La fiscalía especializada en causas ordinarias, actualizó además los trámites de exhorto internacional con fines de extradición que pesan sobre Francisco Burgos. El procesado por el sistema judicial, se encuentra retenido por los organismos de seguridad de la República Argentina a la espera de la audiencia. La justicia de la capital paraguaya, formalizó el requerimiento penal para lograr el sometimiento del investigado a los juzgados de garantías.
El convenio de cooperación bilateral vigente, estipula un periodo máximo de 45 días corridos de detención para el cumplimiento de las diligences consulares. El litigio de restitución internacional de menores, se tramita de forma paralela en las circunscripciones de la niñez tras una recusación en la capital. Los agentes fiscales de la causa, aguardan la resolución de los magistrados extranjeros para proceder al traslado del detenido a territorio nacional.