En conversación con los medios de prensa desde la Fiscalía Barrial N° 9, la fiscala Sandra Ledesma brindó un reporte preliminar sobre los incidentes ocurridos en las primeras horas de los comicios. Con focos de conflicto reportados en Asunción, el departamento Central y zonas del interior como Corpus Christi, las autoridades confirmaron el arresto de aproximadamente seis personas vinculadas a delitos electorales.
Ledesma destacó que el Ministerio Público mantiene una comunicación constante con los agentes fiscales de todo el país para dar respuesta inmediata a los reclamos de la ciudadanía.
Los incidentes más llamativos
En uno de los casos más peculiares de la jornada, el Ministerio Público incautó una silla de ruedas que operaba bajo el logo de un movimiento político local en la ciudad de Luque. Según las denuncias, el elemento era utilizado para simular discapacidad en electores sanos, justificando así el “voto asistido” para que un puntero político ingresara al cuarto oscuro y controlará la votación. La fiscala Sofía Galeano ordenó el retiro inmediato de la silla, mientras que el fiscal Marcelo García Zúñiga tomó intervención en el lugar, reportándose detenciones vinculadas al caso.
Una persona fue aprehendida en Villa Hayes, tras ser descubierta con 10 cédulas de identidad ajenas. Sin embargo, la fiscala Ledesma lamentó la falta de colaboración ciudadana. “Los dueños de las cédulas se fueron a decir que solamente le daban para que le revisen dónde van a votar. Encontramos el problema de siempre: la propia ciudadanía es cómplice, no denuncia y nos quedamos sin víctimas”.
Hasta el mediodía, se registraron al menos tres reportes de ciudadanos que, al presentarse en su mesa de votación, descubrieron que otra persona ya había sufragado en su nombre. Ante esto, Ledesma explicó que se labra un acta de incidencia en la mesa, documento que permitirá la posterior judicialización del caso en el ámbito de la Justicia Electoral.
Penas de hasta 5 años de cárcel
Antes de finalizar su reporte, la fiscala Ledesma advirtió que la compraventa de cédulas de identidad sigue siendo el delito más común en los locales de votación. Recordó a la ciudadanía y a los operadores políticos que la retención de documentos y la suplantación de identidad configuran graves delitos electorales.
“Quienes utilicen un documento de identidad falso o una cédula ajena para votar se exponen a una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel”, resaltó la agente del Ministerio Público, instando a los electores a acudir a las urnas y a denunciar cualquier irregularidad de manera formal.