El Ministerio de Justicia puso en marcha un operativo de alta complejidad para la reubicación de 550 personas privadas de su libertad desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hacia el nuevo centro de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en Emboscada.
El procedimiento, que comenzó aproximadamente a las 01:00 horas, estuvo supervisado en sus etapas iniciales por el ministro Rodrigo Nicora, quien coordinó la salida de los internos bajo un cordón de seguridad integrado por agentes policiales y militares fuertemente pertrechados.
Cronología del operativo y movilización de fuerzas
La movilización de efectivos comenzó cerca de dos horas antes del inicio del traslado, estableciendo un perímetro de exclusión de dos cuadras a la redonda del penal.
El abordaje de los internos se realizó de forma sistemática en grupos de 30 personas por unidad, utilizando buses de larga distancia.
Se estima que el uso total de vehículos ascenderá a 18 buses, de los cuales 12 unidades ya habían completado su carga en las primeras horas de la madrugada, manteniendo un ritmo constante para evitar cuellos de botella en la salida principal.
Uso de uniformes reglamentarios y gestión de bienes
Un aspecto técnico relevante fue que los internos ya se encontraban previamente preparados con ropas amarillas, lo que denota un trabajo de inteligencia y organización interna realizado días antes del despliegue táctico. Asimismo, las pertenencias y objetos personales de los reclusos no fueron cargados en los buses de pasajeros; por el contrario, un camión de la Fuerza Armada se encargó de trasladar estos bultos con antelación, garantizando que el operativo de transporte humano fuera ágil y sin obstáculos en los pasillos del penal.
Medidas de sujeción y cadena de custodia militar
Dada la magnitud del traslado, el personal de seguridad optó por el uso de cintillos plásticos de color blanco para la inmovilización de las manos, en lugar de las esposas metálicas convencionales, debido a la alta cantidad de individuos procesados simultáneamente.
Cada bus de larga distancia contó con la custodia interna de seis a siete agentes militares, mientras que el convoy exterior fue escoltado por cinco patrulleras al frente y cinco en la retaguardia, reforzado por camionetas de la Fuerza Armada y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Filtración de datos y reacción de los allegados
Pese al hermetismo con el que el Ministerio de Justicia y la Dirección del Penal intentaron manejar la información, los familiares de los internos se congregaron en las inmediaciones tras la filtración del operativo en redes sociales.
Los allegados manifestaron haber tenido conocimiento previo de la reubicación, aunque no recibieron notificaciones oficiales por parte de las autoridades. La Policía Nacional desplegó un contingente de agentes antimotines y efectivos de la FOPE para formar un doble cordón que evitara el contacto directo de los civiles con los buses en movimiento.
Infraestructura de recepción en la localidad de Emboscada
El destino final de los 550 internos es el penal Martín Mendoza, una instalación diseñada para albergar específicamente a condenados bajo regímenes de mayor vigilancia. Según fuentes militares en el sitio, la infraestructura ya cuenta con pabellones destinados exclusivamente para este contingente, buscando descomprimir la superpoblación crítica de Tacumbú.
El director del penal, Raúl Peña, permaneció en la zona de embarque coordinando los últimos detalles con los jefes policiales, mientras ambulancias se mantenían en posición para atender cualquier contingencia.