El Viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que el sistema penitenciario paraguayo ha iniciado una transición histórica tras el traslado de 550 reclusos al departamento de Cordillera.
La visión estratégica del Ministerio de Justicia es clara: la Penitenciaría Nacional de Tacumbú perderá su carácter de centro mixto para convertirse en un recinto exclusivo para personas bajo prisión preventiva.
Esta medida permitirá que el penal de la capital funcione únicamente como un centro de prevenidos, separando a quienes esperan juicio de los que ya cumplen sentencia firme.
El desafío de convivir con el entorno urbano de la capital
La ubicación de Tacumbú en un barrio populoso representa un riesgo de seguridad que las autoridades reconocen plenamente tras el análisis realizado en Espresso informativo por La Tribuna 650 AM.
El viceministro admitió que, aunque lo ideal sería mudar la cárcel fuera del casco urbano hacia propiedades estatales en el Chaco, la falta de capacidad presupuestaria para construir un nuevo recinto de 1.000 plazas frena este proyecto.
Desde su inauguración en 1954, el crecimiento demográfico rodeó un penal que originalmente estaba aislado, lo que hoy complica la logística y la tranquilidad vecinal.
Disparidad judicial y el estigma de la prisión preventiva
Uno de los puntos más críticos señalados por el representante estatal fue la desigualdad en el sistema judicial paraguayo. Según las estadísticas, de las 30.000 personas imputadas anualmente, solo un tercio termina con prisión preventiva, y este grupo pertenece casi siempre a los sectores más vulnerables económicamente.
El alto funcionario coincidió en que los ciudadanos con mayor poder político y económico acceden más fácilmente a medidas alternativas, mientras que el pequeño delincuente es enviado directamente a los muros del penal, perpetuando una injusticia estructural.
El perfil de la mujer privada de libertad y el narcomenudeo
La situación de las mujeres en el sistema también requiere un abordaje diferenciado para romper ciclos de delincuencia. En el Complejo de Emboscada, que alberga actualmente a 770 internas, el 68% de las procesadas están vinculadas a causas de narcomenudeo. El análisis de la cartera de Justicia revela una realidad social dolorosa: se trata mayoritariamente de madres solteras con baja escolaridad que comercializan sustancias para sustentar a sus hijos. Al ser infractoras primarias, el sistema busca que no convivan con perfiles criminales de alta peligrosidad en los nuevos módulos.
Tecnología y módulos para romper la universidad del delito
Para evitar que las cárceles sigan siendo centros de reclutamiento criminal, las nuevas infraestructuras aplican una segmentación científica.
Se detalló que en penales como Minga Guazú, los internos se dividen por conducta y perfil: el módulo 1 es para quienes están en periodo de prueba, el módulo 3 ofrece tratamiento de desintoxicación para consumidores, y el módulo 7 está blindado para líderes del crimen organizado.
Esta metodología busca que el tránsito por la cárcel no sea un tiempo ocioso, sino una oportunidad real de reinserción social.
Hacia un sistema de datos para medir el éxito estatal
Actualmente, el Estado paraguayo monitorea a unos 7.000 condenados para entender las tasas de reincidencia y efectividad de los programas.
Rubén Maciel explicó que se encuentran elaborando un estudio profundo para identificar quiénes reingresan al sistema por nuevos delitos y quiénes por incumplir medidas.
Este levantamiento de datos permitirá determinar si los programas de capacitación y trabajo están funcionando. El objetivo final es garantizar condiciones de reclusión equitativas e igualitarias, erradicando definitivamente las celdas de privilegio en el sistema.