El senador colorado Erico Galeano no renunciará “por el momento”, según su abogado, pese a la confirmación de su condena por lavado de dinero y asociación criminal. El abogado Ricardo Estigarribia, representante legal del senador colorado cartista Erico Galeano, aseguró que su cliente no dejará su banca en el Senado “por el momento”, a pesar del complejo escenario judicial y político que enfrenta.
La declaración se da luego de que un Tribunal de Apelaciones confirmara en segunda instancia la condena de 13 años de prisión contra el legislador, hallado culpable de lavado de dinero y asociación criminal.El fallo ratifica la sentencia emitida previamente, en la que se determinó que Galeano mantuvo vínculos con una estructura ligada al narcotráfico, en la que figuran nombres como Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset.
Tras la resolución judicial, el panorama político del senador cambió de forma significativa, especialmente dentro de su propio movimiento, Honor Colorado, que inicialmente lo había respaldado. En una primera etapa, la bancada cartista en el Senado evitó avanzar con un proceso de pérdida de investidura y le concedió un permiso para ausentarse del Congreso, decisión que generó cuestionamientos en distintos sectores.
Sin embargo, con la confirmación de la condena, referentes del cartismo anunciaron que acompañarán un eventual pedido de pérdida de investidura, marcando un quiebre en el respaldo político que sostenía al legislador. Incluso, desde el propio movimiento se habría sugerido a Galeano que presente su renuncia antes de que el proceso avance formalmente en la Cámara de Senadores.
Pese a ese escenario adverso, Estigarribia reiteró que la decisión actual es no dimitir, señalando que esta postura responde a una recomendación de la defensa legal. El abogado explicó que, una vez que el Senado deje sin efecto el permiso otorgado, Galeano deberá reincorporarse a su banca, actualmente ocupada de forma interina por Guadalupe Aveiro.
Recién a partir de ese momento se habilitaría el camino institucional para iniciar el proceso de pérdida de investidura, conforme a los mecanismos parlamentarios vigentes. La defensa advirtió sobre las implicancias de una eventual expulsión, ya que la pérdida de fueros activaría de manera automática la prisión preventiva dispuesta previamente por la Justicia.
Estigarribia también planteó un escenario hipotético en caso de que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay revierta la condena en instancias posteriores, lo que podría abrir la puerta a acciones legales contra quienes impulsen la destitución, aunque aclaró que su cliente no tiene intención de accionar contra el Estado.