Esta semana sigue el juicio oral y público contra la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala. En estos días están previstas las presentaciones de los alegatos finales por parte de los imputados. Aparte de Girala hay otros imputados.
Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez acusaron a Girala de ser autora de cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato, asociación criminal y persecución de inocentes. Sostienen que ella lideró un esquema que cobraba sumas de dinero a familiares de procesados a cambio de salidas procesales favorables.
Mientras la defensa dice que la Fiscalía no prueba los hechos por los cuales acusa a la exfiscal. Los defensores son los abogados Álvaro Arias, José Enrique García y Juan Pablo Irrazábal.
El Ministerio Público solicita 9 años de prisión para Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de Ana Girala, quien supuestamente era la intermediaria en pedidos de dinero, coordinando con víctimas, procesados y abogados, y facilitando la obtención de beneficios económicos ilícitos.
En el juicio oral, los fiscales acusadores pidieron 4 años de cárcel para Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente de la Unidad Penal N.º 1 de San Lorenzo, porque supuestamente ella aportaba información, realizaba contactos y colaboraba en la ejecución de los hechos.
La Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de cárcel para la abogada Liz Elena Martínez Robles; 2 años de cárcel para Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín; y 2 años y 6 meses de cárcel para el también abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos en carácter de complicidad. Intervinieron en distintas causas como parte del esquema, actuando con conocimiento y voluntad, dicen los acusadores.
Los abogados defensores cuestionaron el uso del tipo penal de “asociación criminal”, calificándolo como un “abuso” para elevar penas. También cuestionaron la acusación por prevaricato y dijeron que esta figura es para los jueces.
En el juicio oral contra la exfiscala Ana Girala por un presunto esquema de extorsión y cohecho en San Lorenzo, los alegatos finales se concentraron en la solicitud de una pena de 12 años de prisión por parte del Ministerio Público y el pedido de absolución por parte de la defensa, presentados entre finales de abril y principios de mayo de 2026.
La defensa dice que las supuestas “víctimas” en realidad incurrieron en soborno. La exfiscala afirmó que hubo alteración de pruebas en su contra y que la Fiscalía “no tiene moral” para la solicitud de condena. El abogado Álvaro Arias informó que más defensas presentaron sus alegatos en esta semana.