La jueza Clara Ruiz Díaz pidió al fiscal general del Estado que ratifique o rectifique un dictamen presentado por el fiscal Joao Carlos Báez, quien pidió el sobreseimiento definitivo de Pedro David Ledesma Aguilar, un procesado en el caso del motín en la Penitenciaría de Tacumbú, en el 2025, liderado por Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela.
La magistrada señaló que el requerimiento de sobreseimiento definitivo no puede ser considerado como un acto meramente discrecional del Ministerio Público, sino que se encuentra sujeto a un control jurisdiccional de legalidad, razonabilidad y suficiencia probatoria.
Recordó que tratándose de hechos que, en hipótesis, podrían configurar un concurso de hechos punibles conforme al Art. 70 del Código Penal —alcanzando incluso la categoría de crimen—, resulta imperativo extremar el control judicial sobre la decisión fiscal de no acusar, como se presenta en el presente caso.
“Esta magistratura advierte que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público no resultan suficientes, en esta etapa procesal, para sustentar válidamente la procedencia del sobreseimiento definitivo, en tanto no se evidencia de manera concluyente la inexistencia del hecho punible, la atipicidad de la conducta, o la ausencia de participación del imputado, conforme a las causales taxativamente previstas en la ley procesal”, dijo la jueza.
Por estas razones, envió el expediente al fiscal general del Estado para que ratifique o rectifique el pedido del citado fiscal. “En aplicación de lo dispuesto en el Art. 358 del Código Procesal Penal, corresponde someter la cuestión al control vertical del fiscal general del Estado, en atención a que el Ministerio Público, pese a la gravedad de los hechos inicialmente imputados, ha optado por no formular acusación”, señaló la jueza.
El 11 de enero del 2026, la Fiscalía imputó al mencionado procesado por “toma de rehenes”, “asociación criminal y motín de internos y hurto especialmente graves”, que son hechos punibles tipificados en el Código Penal.
El 15 de enero del 2025 empezó el proceso judicial. El requerimiento conclusivo de la investigación debía presentarse el día 11 de julio del 2025. Luego el propio fiscal pidió prórroga, siendo esta concedida por el Tribunal de Alzada mediante A.I. N° 222 de fecha 23 de marzo del 2026. El plazo para la presentación del requerimiento conclusivo se extendió al 11 de enero del 2026.
Finalmente, el 11 de enero del 2026, el mismo fiscal pidió sobreseimiento definitivo a favor del imputado por no encontrar motivos para acusarlo. Tratándose de un hecho grave, como fue el motín, resulta imperativo extremar el control judicial sobre la decisión fiscal de no acusar, dijo la jueza al remitir el expediente al fiscal general. Este procedimiento se denomina “trámite de oposición”.
El día martes 10 de octubre del 2023, siendo las 15:30, en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de Asunción, Armando Javier Rotela, el líder del grupo, encabezó el motín y exigió la presencia de la prensa para desmentir una denuncia que hizo el entonces ministro de Justicia Ángel Barchini, de que el clan Rotela supuestamente había asesinado a un interno. No solo hubo motín, sino también incendio en el lugar.
Con el pasar de las horas, varias personas fueron detenidas, entre ellos Pedro David Ledesma Aguilar, miembro del clan, cuya libertad pide ahora el agente fiscal mencionado. El dictamen tiene fecha de 30 de abril del 2026.