La defensa técnica de Dalia López, encabezada por los abogados Álvaro Cáceres y Cristóbal Cáceres, plantearon formalmente una revisión de la prisión preventiva que pesa sobre su defendida ante el Juzgado Penal de Garantías. El pedido se fundamenta principalmente en el estado de salud sumamente deteriorado de la mujer, el cual se encuentra debidamente documentado con antecedentes médicos privados que ya fueron puestos a disposición judicial para su análisis bajo reserva. Los profesionales recalcaron que el magistrado debe velar por la integridad física de la procesada, considerando que cualquier desatención médica podría derivar en un desenlace fatal.
Cuestionamientos a la pericia del Ministerio Público
Álvaro Cáceres y Cristóbal Cáceres denunciaron una postura llamativa por parte del Ministerio Público al pretender introducir un dictamen médico realizado supuestamente sin cumplir con las reglas de la pericia ni del anticipo jurisdiccional de prueba. Según la defensa, este documento fue agregado minutos antes de la audiencia, sin participación de los médicos particulares de la señora López y basándose en inspecciones antiguas. Los abogados cuestionaron que el médico de la fiscalía se haya extralimitado en sus funciones al dictaminar que la paciente puede seguir recluida, un punto que no le fue consultado legalmente.
Garantías ofrecidas y uso de tobillera electrónica
Para mitigar el riesgo de fuga, la defensa ofreció una sobrada caución real y solicitó formalmente el uso de la tobillera electrónica como medida de control adicional. Ante la consulta sobre cómo garantizar que la procesada no vuelva a permanecer prófuga por años, los abogados señalaron que se han presentado sendas garantías de rango constitucional, amparadas en el principio de presunción de inocencia y el derecho a la salud. Este último es considerado por los defensores como el segundo en jerarquía constitucional después del derecho a la vida, lo que obliga al Estado a prever situaciones crónicas o irreparables.
Contradicciones con el informe del médico forense
La defensa técnica hizo hincapié en que el dictamen del Ministerio Público se contradice frontalmente con lo establecer por el médico forense del Poder Judicial. Este último profesional habría corroborado todas las complicaciones de salud mencionadas originalmente por el médico particular de Dalia López, advirtiendo sobre el carácter crítico de su cuadro clínico. Los abogados insistieron en que existen los medios legales y constitucionales para proteger la vida de la ciudadana sin necesidad de esperar a que su situación sea terminal o irreversible en un centro de reclusión.