La causa por abuso sexual infantil que tramita en la Fiscalía de Fernando de la Mora enfrenta un obstáculo que la familia de la víctima denuncia como una estrategia deliberada de dilación.
De las seis personas citadas como testigos por el fiscal Armin Echeguren, varias han faltado a dos convocatorias consecutivas sin presentar justificación legal alguna.
Esta situación impide la resolución de una etapa clave del proceso, extendiendo la incertidumbre y el dolor para la parte afectada.
Vínculos políticos y recusación de agentes
El imputado es el padre biológico del menor, perteneciente a una familia con vínculos políticos en Fernando de la Mora que alcanzaron niveles de la jerarquía nacional.
La querella sostiene que este peso de influencia afectó la imparcialidad del primer fiscal interviniente, Rolando Rivas, quien solicitó el sobreseimiento provisional el 25 de mayo de 2025.
Tras una recusación presentada por la familia, la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del agente, delegando la responsabilidad en Echeguren.
Omisión de la conducción por fuerza pública
La inasistencia reiterada de testigos en causas penales no constituye un fenómeno neutral dentro del sistema judicial.
El Código Procesal Penal paraguayo faculta al fiscal a ordenar la conducción compulsiva mediante la fuerza pública de todo testigo debidamente citado que no comparezca sin causa justificada.
La familia de la víctima cuestiona públicamente por qué esta facultad legal no ha sido ejercida con la celeridad que el caso exige, permitiendo que las ausencias frenen el curso del proceso.
Dilación de dos años tras la revelación espontánea
El niño realizó su revelación espontánea en noviembre de 2023 ante su profesional psicóloga de cabecera.
Desde entonces, han transcurrido más de dos años sin que la justicia logre concluir la etapa preparatoria para elevar la causa a las siguientes instancias.
La familia aguarda que la reactivación definitiva de la investigación permita procesar el peso de la prueba acumulada, que consideran contundente para demostrar la culpabilidad del procesado en los hechos denunciados.
El reclamo por el juicio oral y público
La parte querellante considera que el avance hacia un juicio oral y público es una instancia inevitable dada la gravedad de los elementos presentados. Los representantes legales instan al Ministerio Público a agotar los mecanismos coercitivos para asegurar la presencia de los testigos y evitar que los vínculos políticos operen como un escudo.
Para la familia, el valor de la palabra institucional se sostiene en la apertura de los datos y en el coraje de denunciar irregularidades sin distinción de colores partidarios o influencias políticas.
