La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, Irma Llano, detalló el avance del Operativo Ícaro, una investigación que desarticuló una sofisticada red de fraude bancario y lavado de dinero liderada por jóvenes de entre 18 y 20 años.
La fiscal explicó que el esquema consistía en detectar vulnerabilidades en los sistemas de transacciones para realizar el vaciamiento de cuentas corrientes, dispersando posteriormente los fondos a través de criptoactivos para intentar borrar la trazabilidad financiera. Durante su intervención en La Pelu por La Tribu 650 AM, la representante del Ministerio Público, advirtió que el perjuicio estimado asciende a 9.000 millones de guaraníes.
Esquema de pitufeo y reclutamiento de cómplices
El Ministerio Público identificó a 1.970 personas que habrían facilitado sus cuentas bancarias para la recepción de transferencias ilícitas, una modalidad conocida técnicamente como “pitufeo”. Según Llano, estos usuarios actuaban como cómplices al aceptar transacciones por valores muy superiores a los del mercado real a cambio de generar códigos QR y transferir el dinero a billeteras de criptoactivos controladas por la organización criminal. La fiscal resaltó que entre los implicados figuran desde estudiantes hasta profesionales y abogados, quienes ahora enfrentan procesos por lavado de activos y asociación criminal al prestarse a operaciones con beneficios económicos desproporcionados e injustificados.
Recuperación de activos y salidas procesales
A pesar del desafío técnico que representan las monedas virtuales, el trabajo conjunto entre el sector público y privado permitió el embargo preventivo de más de USD 400.000 en criptoactivos. La fiscal Irma Llano informó que, ante la presión de la investigación, numerosos implicados se han presentado voluntariamente para devolver el dinero a la empresa víctima. En estos casos de delitos patrimoniales, la fiscalía evalúa aplicar salidas alternativas que beneficien a los participantes secundarios del esquema siempre que restituyan la totalidad de los fondos sustraídos. Esta estrategia busca resarcir el daño económico a la brevedad posible, diferenciando la responsabilidad de los reclutadores de la de los cabecillas.
Expectativas de pena y riesgos del sistema financiero
Los líderes de la estructura criminal, actualmente con 10 personas detenidas, se exponen a penas que podrían alcanzar los 15 años de privación de libertad debido al concurso de delitos que incluye estafa mediante sistemas informáticos agravada, lavado de dinero y asociación criminal. La fiscalía subrayó que el uso de cuentas bancarias por parte de terceros no solo acarrea consecuencias penales, sino también sanciones administrativas severas, como el cierre definitivo de cuentas y la inhabilitación financiera. Llano concluyó alertando sobre los peligros de operar en el mercado de activos digitales sin reglas claras, lo que facilita el ocultamiento de capitales provenientes de crímenes graves.