Según se informó públicamente tras el operativo, la vivienda del barrio Herrera de Asunción donde fue localizada la empresaria habría estado alquilada a nombre de Cerebro SA, firma vinculada al comunicador Bruno Masi y su esposa María Luz Peña. En ese mismo lugar, además, fue hallada una camioneta de alta gama que también aparecía conectada a esa sociedad.
Bruno Masi sostuvo públicamente que su relación con Dalia López había sido estrictamente comercial y anterior al escándalo que la puso en el centro de una de las causas más resonantes del país. También afirmó que el vehículo ya había sido vendido años atrás mediante un contrato privado.
Pero lejos de cerrar el episodio, los documentos oficiales abren otra capa de preguntas.
En la respuesta emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales (DGPEJBF) en el marco de la Solicitud de Información Pública Nº 96.565, el Estado remitió dos anexos: uno con el registro de personas jurídicas y otro con el de beneficiarios finales.
Allí figura Cerebro SA y, dentro del listado correspondiente a esa firma, aparecen consignados los nombres de María Luz Peña Ferrario y Presentación Maidana Vda. de Zorrilla, empleada doméstica de la familia.
Ese dato, por sí solo, no prueba delito alguno. Pero sí vuelve inevitable una pregunta que hasta ahora no recibió una explicación pública clara: ¿por qué el apellido Maidana vuelve a emerger en los registros societarios de la misma empresa que aparece alrededor de la casa y del vehículo?
Si la defensa se apoyó en la idea de una operación privada ya concluida, el cruce documental abre un nuevo foco de atención. ¿Se trató realmente de una desvinculación completa o persisten nexos que nunca terminan de explicarse?
La cuestión no es menor. Mucho menos cuando el nombre de Cerebro SA reaparece una y otra vez en los distintos bordes del caso: el inmueble, el vehículo, las explicaciones posteriores y ahora también los registros remitidos por el propio Estado.
Aun así, hay un punto que también debe ser dicho con precisión. La propia DGPEJBF aclara en su informe que los datos entregados en esos anexos corresponden a información presentada en carácter de declaración jurada por los usuarios del sistema y que su contenido está sujeto a verificación. Es decir: no se trata de una versión informal, pero tampoco de una verdad blindada frente a una revisión posterior.
Esa advertencia institucional no disuelve las dudas; al contrario, las desplaza hacia otro plano: si esos datos son fiel reflejo de lo declarado, quién debe explicar esa estructura y su composición, y si existen inconsistencias, por qué siguen sin aclararse en un asunto de alto interés público.
No es un detalle secundario. De hecho, la misma respuesta oficial fue luego objeto de un pedido de reconsideración en el que se denunciaron errores e inconsistencias relevantes en la base remitida. La DGPEJBF respondió que había entregado toda la documentación disponible y que el informe reflejaba los registros declarados por los sujetos obligados.
Entonces, las preguntas ya no pasan solo por la camioneta ni por la casa. Pasan también por la estructura. ¿Quiénes integraban realmente el esquema societario que aparece vinculado a bienes sensibles dentro del caso?
¿Por qué determinados nombres reaparecen cuando se cruzan la defensa, registros empresariales y bienes utilizados en torno a una prófuga? ¿Hubo simples coincidencias administrativas o una red de relaciones más estrecha de la que se admitió en público?
Por ahora, los documentos no permiten cerrar una conclusión definitiva. Pero sí permiten afirmar algo más incómodo: que alrededor de Cerebro SA siguen apareciendo datos que desaconsejan cualquier intento de presentar este episodio como un asunto agotado.
Porque cuando una misma firma vuelve a surgir en el inmueble, en el vehículo y en los registros oficiales, el problema deja de ser solo lo que se dijo. Empieza a ser, también, lo que todavía no se explicó.
