La Penitenciaría Nacional de Tacumbú será sometida a una transformación estructural y operativa orientada a implementar el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó que el proyecto consiste en convertir el establecimiento actual en una arquitectura modular similar a los nuevos centros de reclusión. Este sistema permitirá segmentar a la población privada de libertad para aplicar abordajes selectivos según el perfil de cada interno.
El objetivo final es reducir el aforo actual de 2.123 personas a un límite de 1.500, convirtiendo a Tacumbú en un centro exclusivo para personas con prisión preventiva. Estas declaraciones fueron brindadas al programa El programa ese por la señal de La Tribu 650 AM.
Clasificación y reinserción social como ejes de seguridad
Uno de los pilares de la reforma es el estricto cumplimiento del principio constitucional de separar a procesados de condenados.
Maciel señaló que el sistema penitenciario debe dejar de ser un mero depósito humano para enfocarse en la reducción de los factores de criminalización. Según datos del viceministerio, la población penal está compuesta mayoritariamente por jóvenes de entre 22 y 32 años, con baja escolarización y problemas de exclusión social.
El abordaje técnico busca otorgar una segunda oportunidad mediante convenios con el Ministerio de Educación, el SNPP y universidades, permitiendo que los internos adquieran habilidades que faciliten su retorno a la sociedad.
Desintoxicación y control de adicciones en pabellones
La nueva configuración de Tacumbú contempla la creación de módulos específicos para internos con problemas de consumo de sustancias. Este modelo, que ya se aplica en la cárcel de Minga Guazú, busca separar a los adictos de la población general para iniciar procesos de deshabituación.
El viceministro destacó que en centros de régimen cerrado se ha logrado una transformación visual y física “brutal” en internos que anteriormente tenían acceso “fácil o muy fácil” a las drogas en el modelo convencional.
La meta es que el nuevo diseño arquitectónico elimine los espacios de vulnerabilidad conocidos anteriormente como sectores de “pasilleros”.
El factor humano y la carrera del agente penitenciario
La efectividad de la nueva infraestructura depende directamente de la profesionalización del capital humano. Maciel reconoció que el componente humano es actualmente la mayor debilidad del sistema, citando la necesidad de agentes leales que no incurran en connivencia con los grupos criminales. Para revertir esta situación, el Ministerio de Justicia impulsa la creación de la carrera del servidor penitenciario, exigiendo ahora el título de bachiller y formación técnica superior. A pesar de los desafíos, el viceministro resaltó la incorporación de profesionales universitarios, como economistas y contadores, que han decidido sumarse a la institución por vocación de servicio.
Limitaciones estructurales y entorno urbano
Sobre la posibilidad de un traslado total del penal, el viceministro aclaró que, aunque lo ideal sería ubicar las penitenciarías fuera de las zonas urbanas para facilitar el uso de inhibidores de señal sin afectar a los vecinos, actualmente es un cumplimiento imposible por falta de plazas disponibles. Por ello, la reconfiguración modular en el sitio actual es la salida más pragmática para mejorar las condiciones de habitabilidad y control. Maciel concluyó enfatizando que invertir en reinserción es, en última instancia, una inversión en seguridad ciudadana, ya que la mayoría de los internos recuperarán su libertad en algún momento y deben hacerlo con un proyecto de vida definido.


