El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza revocó la libertad ambulatoria y ordenó la captura nacional de Justo Pastor Cárdenas, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para que cumpla su condena de 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Una vez detenido, Cárdenas deberá ser remitido a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para ser trasladado a la penitenciaría que tenga espacio e infraestructura para albergar al mismo.
La condena de Cárdenas ya quedó firme cuando el 16 de marzo pasado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había confirmado la sentencia definitiva del encausado, por lo que las medidas cautelares ya cumplieron su fin y el condenado debe presentarse para verificar el cómputo de la pena.
El 25 de septiembre del 2023, el tribunal, integrado por Juan Carlos Zárate (presidente), María Fernanda García y Yolanda Portillo, condenó a Cárdenas a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según la resolución, quedó probado en el proceso judicial que Cárdenas no pudo justificar su aumento de patrimonio de más de G 4.000.000.000. Los magistrados consideraron que ese monto sería producto de enriquecimiento ilícito. Cárdenas también afrontará el decomiso de sus bienes, acción que quedará a cargo de un juzgado de ejecución penal.
El tribunal también ordenó el comiso de USD 180.700 depositados en la sucesión de Elisa Nunes viuda de Cárdenas, además del inmueble ubicado en el barrio Loma Merlo, ciudad de Luque, que formaba parte del capital accionario de la ganadera JPC por un valor de G. 250.000.000.
Quedó probado durante el juicio que el acusado se enriqueció ilícitamente dentro de la función pública, ocultando sumas de dinero, provenientes de un hecho antijurídico, integrando capital social tanto a su nombre como al de su madre e hijos, disimulando la procedencia y la adquisición de inmuebles, dice la Fiscalía.
De acuerdo a la representación del Ministerio Público, no existe racionalidad en el accionar del citado tribunal; al dar por comprobado los hechos y establecer la condena teniendo en cuenta que de acuerdo a los hechos punibles, la expectativa de pena privativa de libertad es de hasta 15 años.