Dos hechos encadenados uno con otro generan la atención del titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Por un lado, el 20% de los fiscales se jubila en medio de grandes casos que están en la carpeta investigativa, y por otro lado, está la lentitud de los procesos para la designación de los reemplazantes.
El fiscal general del Estado habló con La Tribuna. Pidió priorizar la planificación oportuna para la reposición de los agentes ante jubilación masiva, y mantener así la estabilidad del Ministerio Público y la seguridad jurídica del país.
“La estabilidad del Ministerio Público es clave para la seguridad jurídica del país. Hoy enfrentamos un fenómeno estructural: cerca de 90 fiscales se encuentran en condiciones de jubilarse, producto del ingreso masivo ocurrido entre 1998 y el 2000. Se trata de una coincidencia generacional que representa aproximadamente el 20% del plantel fiscal”, afirmó.
Cada fiscal tiene bajo su responsabilidad entre 800 y 1.200 causas activas. Eso implicará la redistribución de decenas de miles de procesos en todo el país. Varios de ellos tienen el peso de envergadura, por tratarse de lavado de dinero, narcotráfico, entre otros.
Al titular del Ministerio Público preocupa que la reposición de un fiscal, a través del proceso constitucional ante el Consejo de la Magistratura, pueda demorar entre 8 y 12 meses. “Por eso es fundamental actuar con planificación y previsibilidad”, ya adelantó.
“Respetamos plenamente el debate previsional en el Congreso, pero es importante considerar el impacto operativo en instituciones esenciales para el Estado de derecho. Nuestro compromiso es anticiparnos, organizar escenarios y garantizar que la justicia no se detenga”, concluyó.