El senador Ignacio Iramaín confirmó el lunes su respaldo absoluto al pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Durante su intervención, el parlamentario acusó a la máxima instancia judicial de ser "pusilánime" y de pactar su sumisión con el poder político a cambio de privilegios corporativos.
Iramaín explicó que existen causales suficientes para iniciar el proceso, especialmente tras el escándalo de la mafia de los pagarés, donde el Poder Judicial no ha tomado medidas concretas para desmantelar las estructuras criminales que afectan a miles de ciudadanos.
Según el legislador, el oficialismo mantiene un blindaje sobre los ministros mediante pactos de impunidad recíproca que impiden el avance de cualquier investigación seria. El senador destacó que la inacción judicial en el caso de los pagarés no es accidental, sino que responde a una estrategia para lograr que la ciudadanía olvide los crímenes y los procesos mueran en el tiempo. Iramaín recordó que este tipo de reuniones secretas entre poderes solo buscan garantizar que la estructura de favores se mantenga intacta, sin importar el daño causado a las víctimas.
Falta de voluntad política y el desafío en la Cámara de Diputados
La viabilidad del juicio político depende exclusivamente de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, órgano donde debe iniciarse formalmente el libelo acusatorio. El senador afirmó que, aunque las pruebas son contundentes, la falta de diputados responsables y serios obstaculiza el inicio del trámite. Iramaín lamentó que ningún sector político se haya hecho cargo del pedido de las víctimas hasta el momento, lo que evidencia el nivel de compromiso que existe entre la clase política y los magistrados cuestionados.
Finalmente, el parlamentario reiteró que la Corte Suprema ha perdido su legitimidad al actuar como un brazo ejecutor del poder político de turno. El legislador aseguró que el blindaje mutuo entre los sectores del Estado anula cualquier posibilidad de justicia para quienes fueron estafados mediante el sistema de cobros judiciales irregulares. De esta manera, el pedido de juicio político permanece congelado en el Congreso, esperando que una mayoría legislativa se atreva a romper el pacto de silencio que hoy protege a los ministros.