Hugo “El Pollo” Carvajal escribe desde una celda en Nueva York, pero lo que describe en su carta a Donald Trump tiene ecos directos en Paraguay. El exjefe de Inteligencia Militar de Chávez, hoy confeso de conspiración narcoterrorista y colaborador de la justicia estadounidense, sostiene que Venezuela dejó de ser solo un Estado fallido para convertirse en una organización criminal transnacional. Y dentro de ese esquema coloca tres piezas que nos tocan de cerca: dinero de Pdvsa, redes criminales y tecnología electoral.
Según Carvajal, durante al menos quince años el chavismo habría financiado clandestinamente a partidos y líderes de izquierda en América Latina y Europa con fondos desviados de la petrolera estatal. En esa lista menciona al expresidente paraguayo Fernando Lugo. De confirmarse, no se trataría de un apoyo ideológico difuso, sino de un flujo sistemático de recursos que habría contribuido a construir estructuras políticas hoy vigentes. En Paraguay, ese legado se encarna en el espacio luguista, donde figuras como la senadora Esperanza Martínez se han convertido en referentes centrales. Ella y su sector niegan cualquier vínculo económico irregular y, hasta hoy, no existe condena judicial que los involucre, pero la sombra de ese financiamiento pesa sobre todo el bloque.
En paralelo, Carvajal describe la creación del Tren de Aragua como “brigada criminal de la revolución”: jefes de bandas liberados o protegidos a cambio de disciplinarse al proyecto chavista y luego expulsados para operar en otros países. A eso se suma el trabajo coordinado de narcos, servicios de inteligencia cubanos y rusos y redes de espionaje que, según él, buscaron incluso vulnerar cables submarinos y bases militares estadounidenses. Es la radiografía de una guerra híbrida donde las fronteras entre Estado, partido y crimen organizado se borran.
La cuarta pieza del rompecabezas es el sistema electoral. En su carta, el exgeneral afirma que Smartmatic nació como herramienta digital del chavismo para asegurar su permanencia en el poder y que el software puede ser alterado. Sostiene que él mismo colocó a un operador leal en el corazón tecnológico del Consejo Nacional Electoral. La empresa, por su parte, ha defendido siempre la integridad de sus soluciones, aunque en 2017 admitió públicamente que la participación en la Asamblea Constituyente de Maduro fue “manipulada” por las autoridades venezolanas. A esto se suman investigaciones y acusaciones en otros países por contratos, coimas y manejo opaco, que Smartmatic disputa en tribunales.
¿Cómo entra Paraguay en esta trama? A través del Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Smartmatic y Excelsis SA. Este grupo se presentó al Tribunal Superior de Justicia Electoral para proveer 28.000 máquinas de votación por unos 93 millones de dólares. Tras la descalificación de sus competidores, quedó como único oferente. La licitación se desplomó en medio de denuncias de direccionamiento, cuestionamientos a las certificaciones, dudas sobre el software –que no vendría preinstalado, sino cargado por técnicos locales– y una creciente presión política del Congreso.
El TSJE terminó cancelando la compra y optó por un esquema de alquiler. En la nueva convocatoria, Paraguay Democrático quedó fuera y el contrato fue adjudicado al Consorcio Comitia-MSA, antiguo proveedor de la Justicia Electoral. La discusión técnica sobre qué tecnología es más segura quedó sepultada bajo una pelea de consorcios, lobbies y bancadas. Pero el problema de fondo sigue intacto: ¿quién controla, en la práctica, la infraestructura donde se cuentan los votos?
Permitir que en el futuro una empresa como Smartmatic –señalada en confesiones de un exjefe de inteligencia chavista y envuelta en litigios internacionales– vuelva al centro del sistema electoral paraguayo no es solo una decisión tecnológica. Es una apuesta de alto riesgo sobre la estabilidad política. En sociedades fragmentadas, cualquier duda sobre el proveedor se convierte en combustible para desconocer resultados. El oficialismo derrotado dirá que lo traicionaron; la oposición perdedora acusará fraude. El resultado: gobiernos débiles, instituciones cuestionadas y una ciudadanía cada vez más cínica.
El impacto social de una elección bajo sospecha va más allá de una noche de protestas. Cuando la población siente que “ya está todo arreglado”, crecen la abstención, la radicalización y la idea de que solo la fuerza –no las urnas– puede producir cambios. En ese clima, se vuelven más atractivos los discursos autoritarios que prometen “limpiar” el sistema a cualquier costo. Y paradójicamente, se abre la puerta a aquello que se decía combatir: menos democracia real y más margen para la injerencia externa.
Por eso el debate no es papel versus máquina. Es quién diseña, audita y controla el sistema. Un país que ha sido señalado como objetivo de redes de financiamiento político, de expansión de bandas criminales y de exportación de tecnología electoral nacida al calor del chavismo no puede tratar este tema como un expediente más de compras públicas. Se necesitan reglas claras: acceso al código fuente, auditorías independientes, soberanía sobre los datos y límites estrictos a proveedores con historial controvertido.
En definitiva, la pregunta que deja la carta de “El Pollo” Carvajal y el caso del Consorcio Paraguay Democrático es simple y brutal: ¿estamos dispuestos a que la democracia paraguaya dependa de una caja negra tecnológica vinculada, directa o indirectamente, a un esquema de poder que combina narcotráfico, crimen organizado y manipulación electoral? La respuesta no puede quedar en manos de tres empresas y un puñado de funcionarios. Es un debate que le pertenece a toda la sociedad.