“Este conflicto no tiene componente político. La Justicia actuó ante la denuncia de un proveedor por incumplimiento de contrato. No hubo contacto con el Poder Judicial ni influencias de terceros”, afirmó Núñez, insistiendo en que los señalamientos mediáticos no reflejan la versión oficial de los hechos.
El legislador detalló que la empresa itti, proveedora del software, denunció un uso no autorizado de su tecnología por parte de banco Atlas, lo que motivó la suspensión temporal de la fusión. Para Núñez, esta es la única razón que explica la medida y cualquier interpretación sobre motivaciones políticas carece de sustento.
Conflicto contractual como causa central
Núñez subrayó que el origen del conflicto es estrictamente contractual. La fusión se detuvo porque la entidad financiera no cumplió con los términos del contrato de licencia tecnológica. “La paralización no tiene relación con decisiones políticas ni presiones externas. Se trata de un incumplimiento que debe resolverse en la vía judicial”, indicó.
El senador recalcó que la sentencia emitida tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y que cualquier otra interpretación corresponde a análisis mediáticos, no al expediente judicial. Asimismo, aclaró que la propia empresa que incumplió la licencia detuvo el proceso al no cumplir con sus obligaciones contractuales, y que ninguna intervención externa tuvo incidencia en la decisión judicial.
Cobertura mediática y percepciones públicas
La relevancia de las entidades financieras involucradas elevó el caso a la agenda mediática, generando titulares que insinuaban presuntas influencias políticas o decisiones judiciales cuestionables. Núñez advirtió que estas narrativas desvían la atención del origen real del conflicto y generan percepciones erróneas sobre la actuación de la Justicia.
“Se instaló una narrativa pública que no coincide con los hechos. El juez actuó basándose en un reclamo contractual; cualquier comentario sobre presiones externas o decisiones políticas carece de sustento”, afirmó. Según el legislador, la difusión de estas interpretaciones mediáticas podría afectar la confianza en los procesos judiciales si se desconoce el contexto legal.
Gobernanza corporativa y responsabilidad empresarial
El senador indicó que el caso evidencia la importancia de que las empresas cumplan con sus obligaciones, especialmente en sectores altamente regulados como la banca. La suspensión de la fusión demuestra que los incumplimientos internos, como el uso no autorizado de software, pueden frenar procesos estratégicos y afectar directamente a la empresa que incumplió, más que a terceros.
“Se trata de gobernanza corporativa y de cumplir con lo pactado, no de presiones externas ni intereses políticos”, recalcó Núñez. Además, señaló que el respeto a contratos y licencias tecnológicas es fundamental para mantener la estabilidad del sistema financiero y garantizar la previsibilidad de operaciones estratégicas dentro del sector.
Imagen país podría verse afectada
Aunque la controversia surge entre privados, tiene implicancias directas para la ciudadanía y para la confianza en el sistema financiero. Núñez explicó que permitir el uso no autorizado de software podría generar precedentes que afecten la seguridad jurídica y la percepción de inversores sobre Paraguay, comprometiendo la credibilidad del país como destino seguro para inversiones.
El senador también destacó que la actuación del juez garantizó el debido proceso y que la independencia judicial se mantiene intacta, pese a cuestionamientos mediáticos. Asimismo, subrayó que cumplir con los contratos evita retrasos en operaciones estratégicas y protege la reputación internacional de Paraguay.
Comunicado de Asoban
Por otro lado, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió ayer un comunicado donde lamenta que los bancos Atlas y Familiar hayan desistido de la fusión por consolidación.