Medios locales señalaron que terrenos vendidos por el ente estatal se ofrecieron a precios muy por debajo del valor de mercado, desde aproximadamente USD 82 por hectárea, mientras que otras fuentes indican que algunas parcelas se comercializan en la actualidad por hasta USD 20.000 por hectárea.
Legisladores de la oposición, entre ellos los senadores Yolanda Paredes y Éver Villalba, solicitaron explicaciones sobre la legalidad de las adjudicaciones y sobre si los beneficiarios eran realmente sujetos de la reforma agraria.
Entre los cuestionamientos también se planteó la posibilidad de interpelar al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, ante la falta de información precisa sobre la verificación de las tierras y la duda de que los inmuebles cumplieran su función productiva, específicamente para agricultura o ganadería.
Los senadores señalaron que algunas tierras inicialmente debían destinarse a instituciones públicas como la Dirección Nacional de Aduanas o la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), y cuestionaron por qué no se anularon resoluciones anteriores que favorecían a supuestos beneficiarios incorrectos.
Reunión con la mesa directiva del Senado
Ayer lunes, Ruiz Díaz participó de una reunión con la Mesa Directiva del Senado, que calificó como “amistosa” y que se realizó tras la suspensión de la interpelación.
El titular explicó que todos los casos fueron iniciados en el 2020, con verificaciones realizadas ese mismo año. La adjudicación se concretó entre el 2020 y el 2024, dos procesos se resolvieron en el 2020 y los otros dos en el 2024, todos bajo la normativa vigente del Estatuto Agrario del 2013. Según Ruiz Díaz, estos expedientes se generaron antes de su gestión.
Durante la reunión, el titular del Indert explicó que la fijación de valores de las tierras se realiza a través de la tabla oficial del organismo, tomando en cuenta las características geológicas y productivas del suelo, y que no existe facultad presidencial para alterar estos valores de manera unilateral.
Resaltó que la polémica se agudizó con el aumento de valor inmobiliario de la región por la aparición del Corredor Bioceánico, un elemento que no estaba previsto en el estatuto original.
Propuesta de seguimiento y verificación
Como resultado de la reunión, Ruiz Díaz propuso la conformación de una comisión conjunta entre parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo, destinada a realizar verificaciones in situ para constatar si las parcelas adjudicadas cumplen con los fines productivos establecidos por la ley.
En caso de que se detecten irregularidades, se evaluará la recuperación de las tierras en favor del Indert, conforme a la normativa vigente.
El titular también puso a disposición de la Justicia toda la documentación sobre los expedientes y señaló que esta acción permitirá diferenciar entre acusaciones de carácter político y revisiones legales de los procedimientos.
Subrayó que, a pesar de la presión política, la administración actual actuó en el marco de la ley y con transparencia. Ruiz Díaz explicó que la comisión parlamentaria permitirá a los legisladores revisar directamente las parcelas y confirmar que los adjudicatarios efectivamente desarrollan actividades agrícolas o ganaderas, lo que constituye la función principal de las tierras otorgadas bajo la reforma agraria.