El diputado colorado Rodrigo Gamarra consideró que la Justicia paraguaya debe intervenir de oficio ante las revelaciones difundidas por medios internacionales que mencionan al expresidente Fernando Lugo como presunto beneficiario de fondos enviados por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Gamarra señaló que los informes publicados por los portales internacionales vuelven a situar a Paraguay en el centro de un escándalo regional, tras conocerse la declaración del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal.
Según el legislador, los documentos divulgados desde Estados Unidos apuntan a una red de financiamiento político regional mediante la cual se habrían transferido recursos a líderes de izquierda de distintos países, incluyendo Paraguay.
El parlamentario colorado sostuvo que, de confirmarse estas informaciones, se trataría de una violación directa a los principios de soberanía y a la ley de financiamiento político vigente en el país. Enfatizó que aceptar recursos provenientes de un gobierno extranjero con fines electorales podría configurar delitos vinculados al lavado de dinero, asociación criminal o financiamiento político ilícito.
Llamado a la acción judicial
Gamarra sostuvo que el caso debe ser abordado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República mediante una investigación formal. Señaló que no basta con la publicación de nombres o versiones periodísticas, sino que corresponde determinar si existieron transferencias efectivas, beneficios o aportes encubiertos hacia el entorno político local.
El diputado afirmó que la soberanía nacional “no se negocia” y que, ante hechos de esta magnitud, el Estado paraguayo tiene la obligación de demostrar que la justicia actúa con independencia de banderas políticas. Indicó además que la apertura de una investigación constituiría una oportunidad para fortalecer la credibilidad institucional y deslindar responsabilidades, ya sea confirmando o desestimando las acusaciones.
Respuesta desde la oposición
Desde la bancada del Frente Guasu, la senadora Esperanza Martínez respondió a los señalamientos. La legisladora afirmó que las versiones difundidas por Carvajal datan de años anteriores y no fueron acompañadas de pruebas verificables.
Martínez agregó que las alusiones buscan debilitar la representación opositora en el Congreso. En ese contexto, desafió a someter su gestión a cualquier auditoría y sostuvo que no posee bienes ni vínculos irregulares con ninguna estructura política extranjera. Planteó, además, que si el oficialismo pretende desplazar voces críticas del Parlamento “tiene los votos y las herramientas institucionales para hacerlo”, pero no la evidencia para sostener las acusaciones.
La senadora recordó que durante la administración de la Alianza no se aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur y pidió que, si se pretende investigar, también se analice el rol de los sectores que luego respaldaron el acceso de Caracas al bloque regional.
El silencio es grave
Por su parte, el senador Natalicio Chase volvió a calificar de “grave” el silencio político frente a las denuncias de presunto financiamiento chavista a movimientos paraguayos.
Chase adelantó que propondrá una resolución para instar a la Fiscalía General del Estado a investigar la supuesta injerencia política y financiera extranjera en procesos electorales paraguayos. Según explicó, la información difundida por el exjefe de inteligencia venezolano contiene detalles sobre el presunto envío de fondos procedentes del narcotráfico, a través del denominado Cartel de los Soles.
El legislador oficialista subrayó que el Congreso no debe permanecer en silencio ante revelaciones que comprometen la soberanía nacional y el principio de transparencia pública. Planteó que el análisis debe realizarse con la documentación disponible, sin sesgos partidarios y con la participación de todas las bancadas.