Santiago Peña se convirtió en el primer presidente del Partido Colorado destituido mediante un juicio político desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989.
Su salida se produjo tras el proceso impulsado en el Congreso por la crisis de ueno bank, que derivó en cuestionamientos sobre sus vínculos con el grupo empresarial y la utilización de recursos públicos en la entidad financiera.
Catorce años después de la destitución de Lugo, el Congreso volvió a activar el mecanismo constitucional contra un presidente. Esta vez, el proceso alcanzó a Santiago Peña, quien asumió el Gobierno en agosto de 2023 por la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La crisis se desencadenó tras la intervención de ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay, luego de detectarse problemas de solvencia. La situación generó cuestionamientos por las colocaciones de fondos públicos, los vínculos empresariales del mandatario y la supervisión de la entidad financiera.
El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Peña con 78 votos. Ese mismo día, el mandatario presentó su renuncia, pero el Congreso no pudo tratarla por falta de quórum en la sesión bicameral.
El Senado continuó con el juicio político y, tras recibir los argumentos de la acusación y la defensa, resolvió su destitución. De esta manera, Peña pasó a integrar la lista de presidentes removidos mediante este mecanismo constitucional, aunque con una diferencia respecto a Lugo: ambos fueron destituidos, pero pertenecían a partidos políticos distintos.
Su salida también abrió el camino para la sucesión presidencial de Pedro Alliana.