El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, encabezó ayer jueves una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, con el objetivo de evaluar el impacto de la crecida de los ríos e instruir un despliegue operativo inmediato.
Durante el encuentro, la Vicepresidencia dispuso priorizar el apoyo continuo y sin demoras a las comunidades vulnerables, garantizando asistencia alimentaria, abrigo y cobertura sanitaria.
Según el reporte oficial de la SEN, la crecida del río Paraná ya afecta a cerca de 4.300 familias. De este total, unas 1.200 se encuentran alojadas en albergues temporales gestionados por municipios y gobernaciones; más de 2.000 están resguardadas en viviendas de familiares y aproximadamente 1.000 permanecen aisladas en sus hogares por la imposibilidad de traslado terrestre, como ocurre con los pobladores de Cerrito.
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Ante este escenario, Zárate confirmó que el Estado completará esta semana la primera entrega de asistencia humanitaria de emergencia.
Además, por directiva del Poder Ejecutivo, el soporte no será puntual sino periódico mientras persista la contingencia climática.
Para sostener el operativo, la SEN coordina acciones interinstitucionales con los ministerios de Industria y Comercio, Desarrollo Social, Defensa Nacional y Salud Pública, sumados a la Ande, las municipalidades y las binacionales Itaipú y Yacyretá.
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En las próximas etapas, se prevé el suministro de agua potable mediante la Essap y la entrega de materiales de construcción para la reparación de viviendas dañadas.
Mitigación para el sector productivo en el Tebicuary
La crecida del río Tebicuary también encendió las alarmas en el sector productivo local. El incremento del caudal comenzó a anegar las zonas de extracción de materia prima utilizadas por los oleros de la región, paralizando la elaboración de ladrillos y afectando el sustento de cientos de familias trabajadoras.
Frente a esta situación, la SEN ya planifica planes de mitigación y contingencia específicos para amortiguar el impacto económico en las zonas oleras y garantizar la provisión de víveres e insumos mientras se regularicen las condiciones del terreno.
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