El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que existe disposición para recortar gastos superfluos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, en momentos en que el Estado enfrenta mayores demandas y se anticipa un escenario de menores ingresos.
El legislador sostuvo que el análisis del proyecto permitirá identificar partidas que pueden ser eliminadas y planteó que la revisión alcance a los tres poderes del Estado.
Núñez puso como ejemplo los viajes oficiales y sostuvo que si existen desplazamientos innecesarios de legisladores, estos deben ser eliminados.
Sin embargo, remarcó que el mismo criterio debe aplicarse a ministros, viceministros, directores de entes y otros funcionarios públicos.
“Si hay viajes innecesarios de legisladores, cortemos”, afirmó, para luego señalar que también deben revisarse los viajes realizados por funcionarios de los distintos organismos estatales.
La propuesta surge mientras el Congreso se prepara para iniciar la discusión del proyecto de Presupuesto 2027 y en paralelo el diálogo sobre el sistema sanitario, con médicos que reclaman respuestas a sus reivindicaciones y advierten sobre nuevas medidas de fuerza.
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Una revisión que alcance a todos
El titular del Senado planteó que el debate sobre los gastos innecesarios no debe concentrarse exclusivamente en el Poder Legislativo. A su criterio, una revisión integral de las cuentas públicas debe determinar qué sectores pueden ser reducidos sin afectar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Núñez sostuvo que los representantes del pueblo tienen una función que puede justificar determinados desplazamientos oficiales, pero cuestionó que exista una cantidad importante de funcionarios de distintas instituciones que también realizan viajes. Por ello, planteó que el criterio de austeridad sea aplicado de manera transversal.
La intención es que los eventuales recortes puedan comenzar a aplicarse desde el Presupuesto 2027, cuyo estudio en el Congreso se inicia esta semana.
El antecedente de la Ley Godoy
El senador recordó que proviene de un equipo político que impulsó la denominada Ley Godoy, orientada precisamente a reducir gastos considerados superfluos.
En ese sentido, señaló que incluso podría plantearse una modificación de la normativa si fuera necesario profundizar los mecanismos para limitar este tipo de erogaciones.
“Si es que tenemos que afinar esa ley o modificar para que sea una ley de recortar más esos gastos superfluos, recortemos”, sostuvo.
La próxima discusión del PGN 2027 será, por tanto, el primer espacio para determinar hasta dónde puede avanzar esta intención de recorte. Núñez dejó instalada la postura de que la revisión no debería limitarse al Congreso, sino extenderse a las autoridades y los funcionarios de todo el aparato estatal.
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