El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, planteó que el Poder Legislativo asuma un papel activo en la búsqueda de una salida al conflicto entre el Gobierno y los médicos, luego de que el sector rechazara la propuesta presentada por el Ejecutivo y advirtiera sobre una nueva huelga.
El senador convocó a los profesionales, sociedades científicas y representantes de las distintas bancadas a retomar las conversaciones para analizar alternativas y evitar que el desacuerdo termine afectando a los pacientes.
Núñez sostuvo que no se puede desconocer la existencia de una crisis en el sistema sanitario ni la legitimidad de las reivindicaciones de los trabajadores. Sin embargo, remarcó que cualquier respuesta debe guardar relación con la capacidad presupuestaria del Estado.
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“Hay reivindicaciones que tienen que ser justas y ajustarse a nuestro presupuesto, a nuestra realidad”, afirmó.
El legislador recordó que durante las negociaciones ya se alcanzaron algunos avances, entre ellos el aumento del presupuesto para medicamentos e insumos, el pago de los días feriados y los nombramientos de personal de salud. El punto que permanece pendiente, según explicó, es el reclamo relacionado con los salarios.
La discusión salarial también se cruza con el tratamiento del Presupuesto General de la Nación. Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de revisar gastos en consultorías para encontrar recursos que puedan ser destinados al sector sanitario.
Núñez evitó afirmar que esos fondos puedan ser utilizados directamente para financiar un aumento.
Señaló que primero debe determinarse a qué están destinados los recursos, debido a que algunas consultorías pueden estar vinculadas a obras, fiscalizaciones o proyectos públicos que también requieren financiamiento.
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No obstante, sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de revisar el gasto y determinar dónde existen posibilidades de reasignación. Incluso mencionó como ejemplos la reducción de gastos considerados prescindibles dentro del propio Legislativo, además de combustible o gratificaciones que eventualmente puedan ser eliminadas.
“Es el momento ideal donde se trata el presupuesto de gastos de la Nación y donde el Congreso, y en especial el Senado, es el que define el presupuesto”, manifestó.
El senador también se mostró contrario a recurrir a un aumento de impuestos para financiar las reivindicaciones. A su criterio, antes debe fortalecerse la formalización y mejorar la eficiencia del gasto público.
Uno de los principales puntos de preocupación expresados por Núñez es la salida de especialistas del sistema público. Mencionó las renuncias de cirujanos pediátricos, intensivistas, neonatólogos y otros profesionales cuya formación requiere varios años.
Como médico, sostuvo que no se puede establecer una remuneración bajo un criterio uniforme para todos los profesionales, debido a las diferencias existentes entre un médico recién recibido y uno que acumula años de experiencia o cuenta con una especialización.
“Yo sigo en mi pensamiento de que el médico recién recibido no puede tener la categoría de un médico que ya está ejerciendo cinco años. No puede también tener la de un médico que es especialista”, sostuvo.
Núñez remarcó que la pérdida de especialistas puede tener consecuencias directas sobre los pacientes que dependen del sistema público. Citó especialmente los casos de neonatos prematuros que requieren atención especializada y pacientes internados en unidades de cuidados intensivos.
El senador, quien ejerció como médico intensivista y es neurocirujano, pidió a sus colegas del sector público otorgar más tiempo a las negociaciones antes de concretar nuevas renuncias o medidas de fuerza.
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