La Senadora Nacional, Lizarella Valiente, afirmó este jueves que la Fiscalía General del Estado, debe imputar al padre de Tobías por violación del deber de cuidado tras la muerte del niño arrastrado por un raudal.
La parlamentaria oficialista, acusó al hombre de pretender lucrar con la tragedia durante una entrevista concedida al programa Tribu Nativa por La Tribu 650 AM.
Responsabilidades constitucionales de la patria potestad y falta del deber de cuidado
La aplicación del artículo 54, de la Constitución Nacional, prioriza la tutela de la familia como primera línea de resguardo infantil. Las obligaciones de los progenitores, imponen velar por la integridad física de sus hijos evitando situaciones de peligro extremo en las calles.
Las indagatorias del Ministerio Público, deben evaluar el abandono de los menores en medio de tormentas severas.
Las peticiones de resarcimiento económico, formuladas por el padre frente a las empresas contratistas carecen de sustento jurídico según las normativas vigentes.
La penalización de la negligencia parental, constituye un precedente necesario para erradicar la exposición de niños a labores de venta ambulante. La intervención del Poder Judicial, determinará las sanciones correspondientes en el marco de la tipificación del incumplimiento de la patria potestad.
Trabajo articulado en la niñez e intervención de la Consejería Municipal
Los requerimientos de informes institucionales, fueron remitidos al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) para evaluar la situación de las hermanas del menor fallecido. Las verificaciones de campo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), supervisarán la permanencia de menores en la vía pública.
El fortalecimiento de los centros de cuidado, busca ofrecer alternativas a las familias trabajadoras mediante guarderías comunitarias.
La sanción de la explotación infantil, constituye la meta principal de los proyectos normativos radicados en las comisiones dictaminadoras del Congreso. Las denuncias de los ciudadanos, permitieron identificar la persistencia de niños vendiendo insumos gastronómicos en cruces automovilísticos peligrosos. Los protocolos de resguardo estatal, entrarán en funcionamiento para retirar a los infantes en situación de vulnerabilidad extrema.
Modificación del Código de la Niñez y restricciones para progenitores morosos
El estudio de la modificación del artículo 100, del Código de la Niñez avanzará en las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores.
Las iniciativas de reforma legal, eliminarán la autorización de viaje obligatoria para los padres que incumplan el pago de la prestación alimentaria. La agilización de los trámites judiciales, beneficiará a las madres o tutores que ejercen la crianza efectiva de los menores.
La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, servirá de requisito suficiente para autorizar salidas del país sin el permiso del progenitor ausente. Las herramientas de coacción legal, buscan desincentivar el uso de la firma de viaje como mecanismo de manipulación o chantaje afectivo.
Las comisiones legislativas correspondientes, emitirán dictamen favorable para tratar la propuesta normativa en el pleno este miércoles.
Erradicación de la vulnerabilidad en las calles y compromiso del Congreso
La asignación de recursos presupuestarios, para los programas del MINNA reforzará la presencia de trabajadores sociales en zonas urbanas críticas.
La erradicación del trabajo infantil, exige erradicar la justificación de la pobreza como excusa para exponer a infantes a riesgos severos. La promoción de la responsabilidad parental, consolidará el cumplimiento de los deberes de cuidado en todo el territorio nacional.
Las acciones de fiscalización estatal, acompañarán la implementación de los espacios Semillas del Futuro destinados al resguardo de infantes.
El seguimiento de los expedientes judiciales, continuará con la vigilancia constante de las comisiones parlamentarias dedicadas a la protección de la infancia. El fortalecimiento del marco normativo, concluirá con la sanción de leyes represivas contra la explotación infantil bajo el impulso directo de la Senadora Valiente.