La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) atraviesa un periodo de alta demanda ciudadana, alcanzando un incremento sin precedentes en el volumen de consultas y quejas formalizadas.
Durante la gestión actual, la institución ha migrado hacia un modelo 100% digital, facilitando que los usuarios presenten sus reclamos mediante formularios web que admiten desde facturas hasta capturas de conversaciones como pruebas de consumo.
Este dinamismo ha permitido que la mayoría de las controversias entre proveedores y clientes encuentren una solución efectiva antes de llegar a instancias judiciales. Los detalles de estos avances y el balance institucional fueron compartidos por la Ministra Sara Irún en el programa La Pelu por La Tribuna 650 AM.
Ranking de denuncias y sectores con mayor conflictividad
El panorama de reclamos en Paraguay se concentra principalmente en cinco áreas críticas que la institución denomina el “top cinco”. Los servicios financieros lideran la lista de quejas, seguidos de cerca por la venta de productos electrónicos, electrodomésticos, telecomunicaciones y el sector automotor.
Recientemente, el rubro de alimentos y bebidas ha escalado posiciones, desplazando a los servicios de salud que anteriormente figuraban entre los más reclamados. La ministra subrayó que, en el caso de las telefonías, los usuarios pueden recurrir tanto a la SEDECO como a la CONATEL para resolver conflictos de facturación o servicios no solicitados.
Procedimiento digital para la formalización de reclamos
La administración ha priorizado la accesibilidad mediante un sistema de gestión en línea que elimina la necesidad de traslados físicos para el denunciante.
El proceso inicia en la página web oficial, donde el consumidor debe completar un formulario detallando los datos del proveedor y adjuntando documentos que acrediten la relación de consumo.
Se aceptan facturas, comprobantes de transferencia, recibos, contratos e incluso grabaciones de llamadas. Una vez que el expediente cuenta con la documentación completa, se corre traslado al proveedor, lo que en muchos casos motiva una solución inmediata por parte de las empresas para evitar sanciones mayores.
Conciliación como eje de solución de controversias
Una de las fortalezas de la actual gestión es la efectividad de las audiencias de conciliación. Según datos institucionales, el 80% de los casos que ingresan a la SEDECO se resuelven satisfactoriamente en esta etapa administrativa.
Cuando el proveedor recibe la notificación del reclamo, el sistema fomenta un acercamiento directo con el consumidor para reparar el daño o reintegrar montos cobrados indebidamente.
Este mecanismo no solo reduce la carga procesal de la dirección de asuntos jurídicos, sino que brinda una respuesta mucho más rápida al ciudadano en comparación con los sumarios administrativos que pueden extenderse hasta por un año.
Plan de mejoramiento ante observaciones de la Contraloría
Respecto al informe de la Contraloría General de la República, la ministra aclaró que las observaciones corresponden a un periodo de transición entre 2022 y 2023, previo a su asunción efectiva.
La institución presentó un plan de mejoramiento en agosto de 2024 para subsanar los puntos señalados, logrando corregir la práctica totalidad de las deficiencias detectadas.
Irún enfatizó que el informe emitido en diciembre de 2025 se basó en documentos del año anterior, y que actualmente la SEDECO ya ha remitido los avances definitivos que demuestran la regularización administrativa de la entidad.
Gestión técnica de bonificaciones por responsabilidad
La ministra defendió la legalidad en el pago de bonificaciones a los funcionarios de la secretaría, ajustándose al tope del 30% permitido por la Ley de Presupuesto General de la Nación.
Explicó que estos pagos responden a la responsabilidad en el cargo de jefes y directores que, en muchos casos, perciben una diferencia salarial por ocupar puestos de mayor jerarquía.
La titular de la SEDECO argumentó que estos incentivos son necesarios para retener el talento técnico en el sector público, donde los salarios suelen ser inferiores a los del sector privado para cargos de similar responsabilidad jurídica o administrativa.
Transparencia patrimonial y declaraciones juradas
Ante consultas sobre su situación patrimonial, la Ministra Sara Irún ratificó que “toda la información patrimonial está debidamente declarada” y es pública ante la Contraloría desde el año 2015.
Desmintió versiones de un aumento indebido de bienes, señalando que su patrimonio refleja una “evolución familiar transparente” y ajustada a la normativa vigente.
Asimismo, aclaró informaciones erróneas sobre su estado civil, confirmando su separación legal desde hace un año, y reiteró que su gestión se enfoca en la “institucionalidad y no en noticias aisladas” sin sustento documental.
Medidas correctivas y descuentos en multas para proveedores
La SEDECO ha implementado una política de incentivos para que los proveedores cumplan rápidamente con las reparaciones a los consumidores. Si una empresa es sancionada en un sumario, la resolución puede incluir una medida correctiva, como la devolución del dinero al afectado.
Para fomentar el cumplimiento, la secretaría ofrece un descuento de hasta el 40% en el monto de la multa si el proveedor satisface el reclamo del consumidor dentro de los 18 días posteriores a la notificación.
Esta estrategia busca que la sanción no sea meramente recaudatoria, sino que tenga un impacto positivo directo en el usuario perjudicado.
Cooperación interinstitucional y seguridad informática
La defensa del consumidor se fortalece mediante el trabajo conjunto con otros entes como la SENATUR para casos de agencias de viajes y el Ministerio Público cuando existen indicios de estafa.
En otro orden de temas, la ministra informó sobre un incidente técnico que afectó temporalmente la página web de la institución, la cual sufrió un hackeo que activó los protocolos de seguridad del MITIC.
Los técnicos del gobierno trabajan en el restablecimiento del portal para garantizar que los formularios de denuncia vuelvan a estar operativos, asegurando la integridad de los datos de los consumidores.