El General (SR) Óscar González brindó un informe de alta sensibilidad sobre la situación de seguridad en el norte del país, confirmando que existen indicios de vida sólidos respecto al ciudadano Almir de Brum.
El titular de la cartera de Defensa Nacional explicó que, según los reportes del Coronel Carlos Casco, jefe del Batallón de Inteligencia, el joven de 31 años permanece bajo vigilancia táctica tras más de tres semanas de cautiverio.
El ministro subrayó que el retiro de las tropas de la vivienda familiar fue una decisión estratégica para facilitar canales de comunicación, aunque las operaciones en la Sub área de Pacificación Número Cinco en Canindeyú se mantienen con máxima intensidad.
Esta información estratégica fue detallada durante el espacio Todo Pasa Weekend a través de La Tribu 650 AM.
El vínculo operativo entre el EPP y el narcotráfico regional
En este contexto, la inteligencia militar ha logrado determinar que las células remanentes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) funcionan actualmente como una estructura de protección logística para grupos dedicados al cultivo de marihuana.
El ministro denunció que estos criminales operan en condiciones infrahumanas, utilizando hamacas y prohibiendo el uso de fuego en sus campamentos para evadir los sensores térmicos de las fuerzas estatales.
La célula responsable de este último secuestro estaría conformada por un grupo reducido de entre siete y diez integrantes, incluyendo mujeres y jóvenes indígenas reclutados bajo coacción. A pesar de estas acciones, Óscar González ratificó que el grupo está estratégicamente disminuido y ha fracasado en sus intentos de urbanizar el terror en territorio nacional.
Garantías jurídicas y jurisdicción penal en el acuerdo SOFA
Asimismo, un aspecto fundamental de la gestión actual es la implementación del Acuerdo SOFA, que permite la instrucción de efectivos locales por parte de especialistas de los Estados Unidos. El ministro aclaró que la inmunidad funcional otorgada al personal extranjero no implica un escenario de impunidad, ya que cualquier inconducta será juzgada bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia estadounidense.
En este sentido, el estado paraguayo garantiza el respaldo legal a cualquier ciudadano afectado para que pueda ejercer sus derechos ante la justicia norteamericana si fuera necesario. El convenio prohíbe taxativamente la participación de tropas extranjeras en operaciones de combate, limitando su función exclusivamente a la transferencia de conocimientos tácticos en unidades de fuerzas especiales.
El ahorro para el erario público mediante cooperación internacional
Por otro lado, la formación de cuadros altamente especializados requiere una inversión económica que actualmente es cubierta mediante la cooperación bilateral. Óscar González reveló que el gobierno de Washington destina 11,5 millones de dólares a la capacitación del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales, un monto que el presupuesto nacional no podría absorber sin comprometer otras áreas del poder.
Para ilustrar la magnitud de estos gastos operativos, el general mencionó que una instrucción básica de tiro para apenas cien simeforistas demanda una inversión de 300 millones de guaraníes en municiones y logística.
Por lo tanto, la ayuda externa se convierte en un pilar para modernizar la tecnología de defensa y profesionalizar al ejército sin aumentar la presión tributaria sobre la ciudadanía.
Marco legal para el empleo de militares en seguridad interna
No obstante, el empleo de los militares en conflictos internos se rige bajo la Ley 1337, modificada en el año 2014, la cual habilita legalmente el uso de la fuerza ante amenazas domésticas.
El ministro enfatizó que esto no representa una militarización de la seguridad pública, puesto que cada procedimiento táctico requiere la autorización del Poder Judicial y la fiscalización del Ministerio Público. La función de las Fuerzas Armadas es de apoyo combativo a la Policía Nacional en situaciones donde la capacidad de respuesta del crimen organizado supere a la fuerza pública ordinaria. Esta doctrina operativa busca optimizar el uso del armamento pesado y la tecnología de interceptación en zonas críticas, manteniendo siempre el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
Los riesgos de la ley de derribo y la prioridad de la captura
En relación con la posible implementación de una Ley de Derribo, el ministro manifestó una postura institucional prudente debido a los altos riesgos de tragedias contra civiles.
Relató un incidente reciente donde una aeronave civil paraguaya fue interceptada tras no reportarse a la torre de control, situación que bajo una normativa de fuerza letal inmediata hubiera terminado en una ejecución errónea. Óscar González señaló que la prioridad actual es la inversión en tecnología de radarización y el seguimiento táctico para forzar el aterrizaje de sospechosos.
Este método asegura la preservación de pruebas fundamentales para desarticular redes de narcotráfico sin comprometer la seguridad de la aviación civil regular en el espacio aéreo nacional.
Disciplina administrativa en Viñas Cué y desmitificación de rumores
Finalmente, el General (SR) Óscar González abordó la situación de la cárcel militar de Viñas Cué, negando que los hallazgos en recientes requisas guarden relación con el caso de Sebastián Marcet.
El ministro explicó que los elementos incautados forman parte de informes administrativos rutinarios elevados al Poder Judicial siguiendo los protocolos de transparencia institucional. La administración de los centros de reclusión militares se rige por una doctrina de disciplina estricta que prohíbe el uso de dispositivos de comunicación no autorizados para procesados.
El objetivo central de estas medidas es garantizar que no se coordinen actividades ilícitas desde el interior de las celdas, manteniendo la integridad de los procesos judiciales en curso en este 2026.