Política

Defensa define el marco legal para el empleo de militares contra el terrorismo

El titular de la cartera de defensa aclaró que el nuevo decreto presidencial limita el empleo de fuerzas de combate a grupos criminales con capacidad bélica y entrenamiento paramilitar. La medida busca dotar de sustento jurídico a las operaciones contra facciones transnacionales sin interferir en las funciones preventivas de la Policía Nacional.

| Por David Martinez
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Gral (R) Oscar González

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, detalló en el programa Todo pasa por La Tribu 650 AM los alcances del decreto presidencial que habilitará el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas.

González fue enfático al aclarar que esta medida no representa una militarización del territorio ni un copamiento de las funciones policiales, sino una herramienta de “ropaje legal”. El objetivo es permitir que el presidente de la República ordene el empleo de elementos de combate contra grupos criminales que posean armamento de guerra y entrenamiento pseudomilitar, con la clara intención de ponerse por encima de la potestad soberana del Estado en territorio paraguayo.

El general retirado explicó que la naturaleza de la formación militar no es apta para combatir la delincuencia común o callejera, por lo que las funciones preventivas seguirán bajo el mando exclusivo de la Policía Nacional. “No podemos enfrentar a un motochorro con un fusil de guerra porque el daño a la sociedad sería mucho peor”, puntualizó el ministro de defensa. En este sentido, la articulación de las operaciones será fundamental, manteniendo una coordinación constante entre el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el departamento antisecuestro para optimizar los recursos del Estado en zonas de alta criticidad.

Criterios técnicos para la intervención y lucha contra facciones

La intervención militar bajo este nuevo decreto se activará solo cuando se configuren tres elementos clave: posesión de armas de guerra, entrenamiento táctico paramilitar y la voluntad de confrontar al Estado. Bajo estos parámetros, el ministro Óscar González confirmó que las Fuerzas Armadas podrán actuar contra organizaciones transnacionales como el Primer Comando Capital (PCC), que ya ha sido calificado como grupo terrorista por el gobierno. González argumentó que la peligrosidad de estos grupos exige una respuesta con el potencial bélico del ejército para salvaguardar la seguridad ciudadana y la institucionalidad.

Respecto a la situación operativa en el norte del país y la búsqueda del ciudadano secuestrado, el titular de la cartera de defensa informó que los trabajos de inteligencia son constantes y se desarrollan bajo la modalidad 24/7.

El ministro destacó que tanto él como el comandante de las Fuerzas Militares se personaron en el terreno para verificar que todos los elementos logísticos y de personal estén a disposición de la búsqueda. La prioridad absoluta para el Ministerio de Defensa Nacional es la localización de la víctima, combinando la presión operativa sobre los captores con el acompañamiento a la familia afectada.

Prevención de crisis y soberanía territorial

González defendió la necesidad de este decreto como una medida preventiva para evitar que Paraguay alcance los niveles de violencia e impunidad que sufren otros países de la región como México o Colombia.

El ministro señaló que la unificación de esfuerzos institucionales es vital ante una situación de emergencia que requiere actuar a tiempo. “Si no actuamos ahora como Estado, nos exponemos a que el crimen organizado dicte las reglas; por eso ponemos nuestro potencial al servicio de la ciudadanía bajo un amparo legal claro y responsable”, aseveró durante la entrevista.

Finalmente, el ministro Óscar González indicó que la promulgación del decreto por parte de la presidencia de la República se dará en las próximas horas, otorgando la facultad de movilizar recursos de combate de forma inmediata ante amenazas confirmadas por inteligencia.

El compromiso de la cartera es robustecer la presencia estatal en zonas vulnerables sin vulnerar la autonomía de la seguridad interna. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca garantizar que ninguna organización criminal posea la capacidad de disputar el control territorial al Estado paraguayo.

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