El director del sistema 911, el doctor Hernán Escobar, explicó este domingo los alcances y limitaciones del programa de tobilleras electrónicas en Paraguay, cuyo uso efectivo aún es muy restringido y no llega a tomar la trascendencia esperada a la hora de su implementación.
Según confirmó en entrevista con la 1020 AM, solo cuatro dispositivos están activos en la actualidad, todos dentro de un mismo proceso judicial.
A estas se sumarían dos más, pero no se logró localizarlas a los destinatarios, pese a que la orden judicial establece que deben mantenerse alejados a 500 metros de una residencia protegida.
Las autoridades usaron inicialmente los dispositivos en un caso con cuatro menores como víctimas, lo que las obligó a aplicar medidas más rigurosas a quienes señalaron como responsables de situaciones de riesgo.
Escobar también comentó que, en otro caso previo, el beneficiario de la medida utilizó el sistema de tobilleras electrónicas para intentar intimidar a su expareja a través de un tercero, por lo que el juez revocó la medida y ordenó su retorno inmediato a prisión.
Problemas con el control domiciliario de tobilleras electrónicas
Escobar relató que Paraguay enfrenta graves limitaciones para controlar la prisión domiciliaria sin el auxilio de tecnologías como las tobilleras electrónicas.
Actualmente, más de 500 personas gozan de arresto domiciliario, pero el control aleatorio por patrullas no es eficaz.
Las autoridades han sorprendido a varios individuos fuera de sus casas, incluso en lugares públicos como centros comerciales, lo que demuestra la fragilidad de los mecanismos tradicionales.
“No podemos destinar 1.500 policías solo para cuidar a 500 personas. Eso dejaría al resto de la ciudadanía sin protección”, señaló.
Frente a este escenario, la Corte Suprema de Justicia resolvió ampliar los usos de las tobilleras electrónicas, permitiendo su aplicación también en casos de delitos económicos y financieros.
El doctor Escobar explicó que esta medida se ajusta a la legislación vigente, ya que la ley permite el uso del dispositivo en cualquier régimen de libertad o semilibertad, siempre que haya una resolución judicial que lo autorice.
Sin embargo, recordó que la ley sigue por encima de las acordadas de la Corte, que son documentos administrativos internos.
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Tecnología norteamericana y contrato por servicio
El sistema de tobilleras electrónicas de Paraguay se basa en tecnología de origen estadounidense y se encuentra operativo en 46 de los 50 estados norteamericanos.
Paraguay dispone de un contrato abierto por hasta 1.000 tobilleras, pero actualmente solo están disponibles 100 unidades. Esto se debe a que la empresa proveedora solo activa nuevas unidades cuando el Estado las solicita, dado que deben asumir el costo por cada dispositivo en uso.
“Nosotros solo pagamos por las tobilleras activas. No abonamos ni por computadoras, ni cableado, ni mobiliario, ni software. Solo por el servicio”, detalló Escobar.
A la fecha, el Estado paga por cuatro tobilleras activas, que transmiten la ubicación de sus portadores en tiempo real, con actualizaciones cada 15 segundos. Los dispositivos incluyen además sistema de comunicación bidireccional, lo que permite que un operador se comunique con la persona vigilada en caso de que se acerque al límite del perímetro establecido por el juez. Si no carga la batería del dispositivo, un agente policial interviene para asegurar su recarga, incluso trasladando a la persona a una comisaría, si fuera necesario.
Impacto limitado en prevención de delitos
Aunque la tecnología permite un control más eficiente de las medidas judiciales, Escobar fue enfático en señalar que la tobillera no evita la comisión de nuevos hechos delictivos.
Si bien permite ubicar en tiempo real a una persona y saber si viola alguna orden judicial, no impide que esta incurra en otro delito, como por ejemplo agredir a alguien, portar un arma o incurrir en otros actos ilícitos. La función de la tobillera es informar y alertar sobre ubicaciones y restricciones, no suplantar la acción del sistema penal.
Además, Escobar cuestionó el uso aún limitado de los dispositivos, especialmente en casos de violencia contra la mujer, donde podrían ser más eficaces que la prisión domiciliaria tradicional.
Dijo que, aunque no tiene datos sobre por qué no se aplican más, considera que hay una falta de impulso en la implementación, y remarcó que las instituciones que conforman el sistema la Corte, Fiscalía, Defensa Pública, Interior, Justicia y la Policía Nacional, deberían avanzar de forma coordinada en el uso de esta herramienta.
Las tobilleras electronicas no son una solución total
El caso que derivó en la retirada de la tobillera a un agresor revela que la mala utilización de estas medidas puede generar más riesgos si no están correctamente supervisadas. En esa oportunidad, pese a tener restricción de acercamiento, el hombre se valió de otra persona para amenazar a la víctima, lo cual derivó en una nueva imputación.
Escobar afirma que esto demuestra que la decisión de usar tobilleras requiere un seguimiento serio y coordinado, y que todas las instancias operativas deben respetar las decisiones de los jueces.
Finalmente, el director del sistema 911 defendió la necesidad de seguir apostando a este modelo de control electrónico, no solo como alternativa al encarcelamiento, sino como instrumento de prevención y seguimiento en casos complejos, como los que involucran menores o mujeres víctimas de violencia.
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