América Latina y el Caribe moviliza entre USD 1.092 millones y USD 7.518 millones anuales en deuda verde pública, a lo que se suman más de USD 2.800 millones procedentes de emisiones corporativas vinculadas a objetivos de sostenibilidad, según datos del informe “La brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe”.
La distribución de los recursos refleja una marcada concentración geográfica, instrumentos como conversiones de deuda por naturaleza, bonos azules y bonos de biodiversidad han sido capitalizados principalmente por Ecuador, Colombia, Chile o Brasil.
Paraguay, pese a contar con una matriz eléctrica casi enteramente renovable y un sector agropecuario de peso global, mantiene una participación reducida en la captación de deuda temática internacional etiquetada de forma directa para conservación o restauración de ecosistemas.
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Avances y desafíos
La brecha no responde únicamente a la disponibilidad de capital, sino a la exigencia de condiciones habilitantes técnicas, marcos regulatorios claros, métricas de reporte verificables y carteras de proyectos estructurados como “bancables”.
El sector financiero local y las entidades públicas comenzaron a articular avances como la formulación de la Taxonomía Verde, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay, y las primeras colocaciones de bonos sostenibles en el mercado doméstico.
El reto inmediato consiste en transformar esa base regulatoria en instrumentos de gran escala capaces de apalancar inversión privada hacia la ganadería regenerativa, la conservación de bosques y la protección de fuentes de agua.
Fuente: CEPAL y BID, 2026: La brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe